Roilán Álvarez Rensoler continúa en huelga de hambre y su familia dice que las autoridades cubanas le esconden información sobre su estado real en el hospital Lucía Íñiguez, de Holguín, mientras su salud se agrava tras más de 45 días sin comer. La denuncia llega después de que el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart exigiera su liberación inmediata y alertara sobre el peligro que corre su vida.
El caso vuelve a exponer el método del régimen: detención, castigo y opacidad. La familia afirma que no le permiten confirmar si el opositor abandonó o no la protesta, y tampoco recibe detalles claros sobre su evolución médica. En un país donde el aparato estatal controla la información y convierte cada expediente sensible en un muro de silencio, el drama de una madre, una hermana o un hermano queda reducido a llamadas incompletas y visitas frustradas.
Álvarez Rensoler, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue arrestado el 30 de enero en Holguín junto a otros tres activistas, acusado de colocar carteles antigubernamentales y dañar una valla con la imagen de Fidel Castro en Birán. Tras su detención, terminó en el centro de operaciones de Pedernales y comenzó la huelga de hambre como protesta contra lo que considera acusaciones injustas. Desde entonces, el régimen ha dejado que el conflicto avance hasta colocarlo en una condición crítica, con la vida comprometida y sin transparencia suficiente para su entorno más cercano.
La propia familia asegura que recibió una llamada en la que el opositor dijo haber sufrido un paro de sus funciones vitales mientras estaba en terapia intermedia. Arianna Álvarez declaró además que su hermano seguía en huelga de hambre cuando se dirigía al hospital para intentar verlo. Ese hilo de información, fragmentado y precario, refleja cómo opera la represión política en Cuba: un preso, un hospital y una familia obligada a pelear por datos básicos que cualquier Estado decente entregaría de inmediato.
La presión pública de Díaz-Balart pone el foco sobre un punto central: el régimen mantiene a opositores encerrados bajo condiciones que pueden volverse letales y luego administra el silencio como si fuera un asunto administrativo. En este caso, la protesta de Álvarez Rensoler y la denuncia de sus allegados muestran el costo humano de la persecución política y la indiferencia oficial frente a la vida de un detenido que reclama libertad.
Sé el primero en comentar