El régimen cubano habría autorizado a algunas mipymes a importar combustible para mover mercancías atrapadas por la escasez, mientras en el puerto del Mariel permanecen unas 12.000 toneladas de alimentos a punto de echarse a perder. La medida, que no ha sido anunciada oficialmente, revela hasta qué punto la crisis energética está paralizando la economía y dejando al país en manos de arreglos improvisados.
Fuentes con conocimiento de las decisiones adoptadas en La Habana dijeron que la urgencia es inmediata: sin diésel no hay distribución, y sin distribución los alimentos privados se pierden antes de llegar a la mesa de los cubanos. La propia existencia de ese inventario detenido en el puerto muestra un país bloqueado por su incapacidad interna para garantizar algo tan básico como el transporte de carga.
La información apunta también a un cambio forzado en la forma en que el régimen trata de sostener su economía colapsada. Durante años, La Habana dependió en gran medida del petróleo que recibía de Venezuela y México, dos suministros que ayudaban a tapar sus huecos energéticos. Ahora, con ese sostén debilitado, la salida que aparece es permitir importaciones privadas de combustible, una admisión implícita de que el aparato estatal ya no puede resolver por sí solo el desastre que creó.
Las fuentes consultadas aseguraron que ya se estarían realizando envíos de diésel en isotanques desde distintos países. Ese formato permite transportar pequeñas partidas directamente al puerto del Mariel y luego a los consumidores, con una logística más discreta que la de los grandes buques tanqueros. En una economía asfixiada por los apagones, el desabastecimiento y la falta de transporte, hasta el combustible se maneja como un recurso de emergencia, no como parte de una política seria.
El cuadro se agrava porque la decisión tampoco parece estar cerrada ni explicada al país. Aunque una empresa del sur de la Florida que promueve el suministro de combustible a Cuba admitió que no había logrado concretar un envío por cuestiones logísticas, el simple hecho de que se discutan estos mecanismos confirma la precariedad extrema del sistema. El régimen obliga a que soluciones que deberían ser claras, públicas y ordenadas dependan de filtraciones, permisos parciales y negociaciones opacas.
La crisis golpea de frente a los cubanos comunes y a los negocios privados que sobreviven dentro de la isla. Las mipymes cargan con alimentos inmovilizados, pérdidas económicas y una cadena de distribución que no funciona. Al final, la factura la pagan siempre los mismos: el emprendedor que pierde su mercancía, el consumidor que no recibe el producto y una población que sigue atrapada en la ineficiencia de un modelo agotado.
Mientras tanto, el régimen intenta contener el colapso sin reconocer la profundidad del problema ni ofrecer una solución de fondo. Autorizar importaciones de combustible puede aliviar un tramo de la crisis, pero no corrige la raíz: un Estado que monopolizó la economía, destruyó su capacidad productiva y ahora depende de parches para evitar que todo se venga abajo.
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