El régimen cubano volvió a usar la cárcel como castigo extendido sobre la familia. Esta vez dejó a Panter Rodríguez Baró, preso político y miembro del movimiento Clandestinos, sin la posibilidad de despedirse de su madre, Esther Baró Carrillo, fallecida en La Habana a causa de un paro respiratorio.
La denuncia salió de sus propios familiares, que contaron a Martí Noticias que un oficial de la Dirección Nacional de Prisiones les informó que Rodríguez no sería trasladado desde Boniato, en Santiago de Cuba, hasta la funeraria capitalina donde velarían a su madre. La respuesta fue seca y reveladora: solo autorizarían una llamada. En un país donde el poder decide hasta el último gesto de duelo, el funeral de una madre queda también bajo control político.
Rodríguez cumple una condena de 15 años de prisión desde enero de 2021 por su participación en acciones del grupo Clandestinos en La Habana a comienzos de 2020. Aquel expediente incluyó pintadas contra el régimen, mensajes en redes a favor de un cambio político y actos simbólicos como arrojar sangre de cerdo sobre bustos de José Martí y sobre vallas con la imagen de Fidel Castro. El aparato penal respondió con penas largas y ejemplarizantes, diseñadas para aplastar la disidencia y mandar una advertencia al resto.
La familia recordó además que el preso fue trasladado en junio pasado del Combinado del Este a Boniato, a casi 900 kilómetros de los suyos. Su madre denunció entonces que esa medida fue un castigo por negarse a cumplir el pase de lista y por no rendir honores a oficiales penitenciarios. Ese detalle retrata el fondo del caso: el sistema carcelario del régimen no se limita a encerrar, también humilla y disciplina.
Esther Baró Carrillo había dedicado sus últimos esfuerzos a denunciar los abusos contra su hijo y a exigir mejores condiciones ante la Fiscalía Provincial y la Dirección de Prisiones. Pese a sus problemas de salud y a las limitaciones para moverse, no abandonó esa pelea. Murió sin ver a su hijo y él quedó privado del derecho elemental a despedirse de ella, una práctica que el régimen convierte en mecanismo de castigo adicional contra los presos políticos.
El caso se suma a otros episodios similares en la isla. En mayo, Zoila Esther Chávez, madre del preso político José Gabriel Barrenechea, murió sin poder dar el último adiós a su único hijo después de que las autoridades le cerraran esa posibilidad. La repetición de estos abusos confirma una lógica conocida: la dictadura no solo encarcela opositores, también persigue a sus familias, les impone dolor y les niega incluso el duelo.
Sé el primero en comentar