El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a poner en la mira las misiones médicas del régimen cubano y las calificó de trata de personas durante una conferencia de prensa en San Cristóbal y Nieves, tras participar en la 50ª Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe.
Rubio respondió allí a una pregunta sobre las brigadas de salud que La Habana mantiene en varias islas del Caribe, donde esos servicios se han convertido en un soporte para gobiernos que dependen de médicos extranjeros formados o enviados desde Cuba. Su mensaje fue directo: Washington está ofreciendo alternativas y quiere que esos países entiendan que están pagando al régimen, no a los profesionales.
El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que los médicos cubanos reciben apenas una fracción del dinero que generan esas misiones y que su libertad de movimiento está severamente restringida. En su criterio, el esquema beneficia al aparato cubano que recauda los fondos, mientras deja a los galenos con una parte mínima del pago y condiciones que describió como trata laboral.
La denuncia pega en el centro de uno de los negocios más rentables del castrismo: exportar personal de salud mientras convierte el trabajo médico en fuente de divisas y control político. Bajo ese modelo, el régimen cobra, administra el dinero y decide cuánto llega al trabajador, una práctica que desde hace años despierta acusaciones de explotación y esclavitud moderna.
Rubio también advirtió que otros países han optado por pagar directamente a los médicos, pero que los cubanos no lo permiten. Ese detalle revela el verdadero interés de La Habana: mantener la intermediación estatal para seguir captando ingresos y sujetando a sus profesionales a una estructura de vigilancia y dependencia.
El señalamiento llega en medio de una creciente presión de Washington sobre esos programas. La administración de Donald Trump ha endurecido la ofensiva diplomática en defensa de los miles de profesionales cubanos enviados al exterior y en febrero del año pasado el Departamento de Estado anunció restricciones de visas para funcionarios cubanos y extranjeros vinculados con esas misiones.
La reacción en el Caribe también se mueve. Esta misma semana, el nuevo gobierno de Honduras, encabezado por Nasry Asfura, decidió no renovar el convenio con el régimen cubano que permitía la presencia de unos 130 médicos en ese país, bajo denuncias de condiciones de esclavitud moderna. El acuerdo había sido firmado en febrero de 2024 por el gobierno de Xiomara Castro, aliada de La Habana.
Otros gobiernos han tomado distancia. Guatemala no renovó un convenio de salud con Cuba que estaba vigente hasta 2027 e incluía a unos 400 profesionales. Paraguay anunció en abril de 2025 que terminaría los vínculos establecidos en un memorando de salud firmado con La Habana a finales de 2024. Bahamas canceló en junio las contrataciones a través del régimen y propuso nuevos términos directamente a los trabajadores de la salud.
Antigua y Barbuda también cerró un ciclo: a finales de año anunció la cancelación del convenio de salud que sostuvo durante 25 años con La Habana. Mientras tanto, el aparato cubano intenta sostener un modelo que le ha servido para financiarse afuera mientras adentro la isla sigue sin resolver la escasez, el deterioro de los servicios y la fuga de profesionales.
La presión estadounidense no se limita al Caribe. Esta semana, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, se reunió con el gobernador de Calabria, Roberto Occhiuto, para hablar sobre el programa de médicos cubanos contratados en esa región italiana bajo un convenio con el régimen castrista. El cerco diplomático avanza sobre una de las fuentes de ingreso más sensibles de la dictadura.
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