La Fiscalía de Villa Clara pide seis años de cárcel para Lázaro Manuel Hernández Pérez, un cubano de 33 años, natural de Ranchuelo, por publicaciones en redes sociales que molestaron al régimen. La denuncia fue hecha este lunes por la organización Cubalex, que sigue de cerca este tipo de causas armadas para castigar la disidencia y el humor político.
Hernández Pérez permanece detenido en Santa Clara desde septiembre, a la espera de un juicio que ya nace marcado por la persecución política. Entre los señalamientos de la acusación figuran los supuestos delitos de “propaganda contra el orden constitucional” y “desacato”, figuras usadas por el aparato represivo para convertir la expresión ciudadana en expediente penal.
En septiembre anterior, el joven se disfrazó de estudiante de escuela en una publicación con tono irónico para denunciar la falta de uniformes escolares y el desastre de la crisis energética. Ese gesto, que en cualquier país libre quedaría en la esfera de la crítica pública, terminó convertido en prueba de cargo por una fiscalía que persigue hasta el sarcasmo.
La petición fiscal sostiene que Hernández Pérez usaba un seudónimo para “incitar a la desobediencia civil” y para cuestionar de manera pública a la gobernadora de Villa Clara, Milaxis Janet Sánchez Armas. El documento también le atribuye la difusión de imágenes y mensajes que, según la acusación, llamaban a “tomar las calles”.
La familia ha reclamado su liberación y ha denunciado presiones para que el caso no gane visibilidad. Su primo, Ernesto Miguel Cañellas, escribió en Facebook que Hernández Pérez no ha robado ni agredido a nadie y que su único “delito” ha sido pedir libertad y denunciar la corrupción y la falta de derechos elementales en Cuba. También advirtió que intentan presentarlo como “mercenario” para desacreditarlo y justificar el castigo.
El caso vuelve a mostrar cómo el régimen cubano usa los tribunales para frenar la crítica, amedrentar a las familias y penalizar cualquier gesto de desafío público. Bajo ese método, una burla contra la escasez, una denuncia por la crisis o una publicación incómoda pueden terminar en prisión.
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