La Fiscalía Provincial de Villa Clara volvió a dejar al desnudo el uso político del sistema penal cubano: pidió seis años de prisión para Lázaro Manuel Hernández Reyes, un hombre de 33 años acusado de “propaganda contra el orden constitucional” y “desacato” por mensajes publicados en Facebook.
La petición fiscal, fechada en noviembre de 2025 y citada por 14ymedio, sostiene que los hechos ocurrieron en distintos momentos de 2024 en Ranchuelo. Según el expediente, Hernández Reyes creó un “perfil falso” en la red social para incitar a vecinos a salir a las calles “mediante actos de violencia” y poner fin al sistema político del país. La acusación también le atribuye reclamos al Gobierno municipal por los prolongados cortes eléctricos, un malestar cotidiano que el régimen trata como delito cuando se convierte en denuncia pública.
Entre las publicaciones que la Fiscalía reprocha figura una imagen editada de Miguel Díaz-Canel “colgado”, acompañada del texto “La solución”. En otra, el acusado llamó a concentrarse frente a la sede del Partido Comunista de Ranchuelo para exigir derechos “como pueblo”. El mensaje del poder es claro: cualquier expresión de rechazo, incluso en redes sociales, puede terminar convertida en expediente penal y en años de cárcel.
Hernández Reyes permanece en prisión provisional desde septiembre de 2025. Su primo, Ernest Cañellas, denunció que el detenido “está pasando trabajo” y aseguró que la comida que recibe está en mal estado, “echada a perder, con bichos, con gusanos”. También afirmó que ha bajado mucho de peso y que su salud se ha deteriorado mientras espera una operación en la pierna que no pudo hacerse por su encarcelamiento.
El caso encaja en un patrón represivo que el régimen ha convertido en rutina. A finales de diciembre, Alexander Verdecia Rodríguez, integrante de la UNPACU, recibió siete años de prisión por “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir” por sus publicaciones en Facebook. En marzo de 2025, otro tribunal impuso siete años de cárcel a Alexander Mario Fábregas, exprisionero del 11J, por difundir videos críticos contra el sistema y contra Díaz-Canel.
La maquinaria judicial vuelve a operar como brazo político. En Cuba, publicar una crítica, exigir servicios básicos o convocar a una protesta puede costar la libertad. El expediente contra Hernández Reyes confirma que el régimen sigue castigando la disidencia digital con el mismo reflejo autoritario de siempre: censura, acusación penal y prisión.
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