Sumar activó en el Congreso español una ofensiva para arrastrar al PSOE y a sus aliados a una posición de respaldo contra las restricciones energéticas y comerciales de Estados Unidos sobre Cuba. La maniobra llega envuelta en el lenguaje del derecho internacional y de los derechos humanos, pero coloca otra vez sobre la mesa la fragilidad extrema de la isla y la dependencia que el régimen ha convertido en rutina nacional.
La base de la propuesta es un dato que explica la alarma de sus promotores: desde diciembre, solo un barco con bandera mexicana ha atracado en Cuba con 85.000 barriles de petróleo. Con ese suministro mínimo, advierten representantes parlamentarios españoles, la red eléctrica, los hospitales, el transporte y otras infraestructuras esenciales podrían irse al colapso en un plazo de dos o tres semanas.
Agustín Santos, portavoz de Exteriores de Sumar, defendió desde la Cámara Baja una proposición no de ley para que el Congreso se pronuncie contra lo que califica de bloqueo “unilateral e ilegal” de Washington. Su planteamiento se apoya en la vieja línea de La Habana y sus aliados: presentar las sanciones estadounidenses como una imposición sin aval internacional y atribuirles la intención de forzar un cambio de régimen en Cuba.
En la misma dirección, Enrique Santiago, de Izquierda Unida, elevó el tono al describir las nuevas medidas de Estados Unidos como “realmente inaceptables y de grandísima gravedad”. Según explicó, la orden ejecutiva introduce coacciones arancelarias contra países que comercien con Cuba o envíen ayuda humanitaria, un paso que endurece el cerco sobre la isla y castiga también a terceros que decidan mantener algún vínculo con su sector energético.
La Asamblea General de la ONU ocupa un lugar central en el argumento de Sumar. Santiago recordó que desde 1992 ese foro ha rechazado de forma reiterada el bloqueo estadounidense con mayorías abrumadoras. Con ese historial, el grupo intenta darle respaldo político internacional a una iniciativa que busca mover a España hacia una postura más agresiva en Bruselas y en otros organismos multilaterales.
El objetivo declarado es que el Gobierno español lleve el asunto a la Unión Europea y lidere una respuesta contra las medidas coercitivas unilaterales. En la práctica, la iniciativa pretende convertir al Congreso y a la diplomacia española en altavoz de una campaña que termina favoreciendo al régimen cubano, mientras la población sigue pagando el costo de una crisis que el poder de la isla ha administrado durante décadas sin reformas de fondo.
La propuesta ya suma apoyos de Bildu y del Bloque Nacionalista Galego, y sus promotores buscan cerrarla antes del pleno previsto para el 10 de febrero. Como antecedente, el Parlamento de Navarra aprobó una resolución similar con votos del PSOE, un precedente que Sumar usa para empujar a los socialistas a repetir la misma línea en el plano nacional.
Europa Press añadió que el endurecimiento de las sanciones incluye presiones sobre países y empresas extranjeras mediante tarifas y amenazas por cualquier relación con el sector energético cubano. Los impulsores de la iniciativa insisten en que esas medidas ya restringen la llegada de recursos a la isla y agravan la vida cotidiana de una población atrapada entre el bloqueo externo y la incapacidad del régimen para sacar al país del hundimiento.
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