Maykel Castillo Pérez, Maykel Osorbo, fue trasladado recientemente a otra prisión de Pinar del Río, el penal de Kilo 8, sin que su familia ni sus allegados conozcan las razones del movimiento. El traslado volvió a imponer el mismo muro de silencio que acompaña su encierro desde el comienzo: el régimen mueve al preso político y niega explicaciones sobre su situación real.
Horas después de conocerse la noticia, la Seguridad del Estado llamó a la familia para informar del traslado y asegurar que no se encuentra en celda de castigo. La llamada, sin embargo, no despejó nada esencial. Hasta ahora no ha existido contacto directo con el rapero contestatario, y en un caso así la versión oficial pesa poco cuando el preso sigue sin hablar por sí mismo.
Anamely Ramos, profesora exiliada y una de las voces que ha denunciado el caso, insistió en que la Seguridad del Estado solo puede sostener su relato si Maykel llama y confirma que está bien. Esa exigencia resume la desconfianza que provoca un sistema carcelario diseñado para incomunicar, controlar y castigar.
El traslado vuelve a poner sobre la mesa una práctica repetida como represalia. Osorbo ha sido movido en varias ocasiones dentro del mismo penal, siempre bajo la sombra del castigo político. Kilo 8 está a apenas tres kilómetros de Kilo 5 y Medio, otra prisión de Pinar del Río donde también ha estado recluido. El movimiento de un centro a otro no alivia la arbitrariedad: la prolonga.
Las arbitrariedades contra el artista comenzaron desde el inicio de su condena. El régimen lo alejó de La Habana, su ciudad de residencia, y lo mantuvo fuera del alcance de su entorno familiar. Ese desarraigo forma parte del castigo y agrava la pena impuesta por el poder.
Maykel Osorbo fue sentenciado a nueve años de cárcel en mayo de 2022, tras un juicio de dos días. Lo acusaron de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires. El proceso dejó otra muestra del uso político de los tribunales: rapidez para condenar, opacidad para informar y cero garantías para el acusado.
Cubalex denunció el traslado en un contexto de hostigamiento sistemático. La organización advirtió que la falta de información oficial, los traslados arbitrarios y la incomunicación colocan a las personas presas en una situación de extrema vulnerabilidad y elevan el riesgo de represalias, tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de afectaciones físicas y psicológicas. En el caso de Osorbo, el mensaje del régimen vuelve a ser el mismo: la prisión también funciona como instrumento de presión política.
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