La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba sumó este viernes a dos oficiales y una fiscal al expediente por la persecución contra Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, miembros del grupo audiovisual independiente El4tico, detenidos en Holguín y enviados a prisión provisional. El señalamiento alcanza a quienes participaron en la detención, el registro de las casas y la imputación penal contra ambos jóvenes.
Entre los identificados figuran el capitán Roiner Herrera Piña, del Departamento de Instrucción Penal del Ministerio del Interior, y el teniente coronel Parra, jefe de la Seguridad del Estado en Holguín. A ambos se les atribuye la detención de Ricardo Medina al amanecer del 6 de febrero de 2026, además del allanamiento de su vivienda y la incautación de equipos digitales. Kamil Zayas Pérez fue arrestado al mismo tiempo y sometido al mismo procedimiento en su casa.
La fiscal jefe de grupo del Departamento de Procesos Penales de Holguín, Yamisel Hernández Rodríguez, también quedó expuesta en el nuevo expediente. Fue ella quien comunicó en un video la medida cautelar de prisión provisional para los dos creadores, una decisión que deja ver cómo la maquinaria penal del régimen se activa con rapidez cuando la presión cae sobre voces independientes.
La Fiscalía Provincial de Holguín dijo que controla el proceso penal abierto por propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir, a partir de publicaciones del espacio digital El4tico que, según su versión, incitaban al pueblo y a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior a cambiar el orden constitucional de la República de Cuba y difamaban la actuación de instituciones políticas y sociales del país. Esa formulación confirma el nivel de intolerancia con que el régimen responde a la crítica pública: convierte el disenso en expediente y la expresión en delito.
Rolando Cartaya, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, dijo que el régimen se siente acorralado y descarga su furia contra opositores y críticos pacíficos e indefensos como Ernesto y Kamil. La frase describe un patrón que los cubanos conocen de sobra: policía, fiscalía y tribunales usados como piezas de castigo político, no como garantes de justicia.
El proyecto represorescubanos.com anunció que seguirá ampliando los perfiles con datos personales y trayectoria de abusos de cada agente identificado. También sostuvo su programa Name and Shame, centrado en exponer públicamente a quienes ejecutan acoso, detenciones y represión contra cubanos señalados por el aparato estatal.
La denuncia alcanza además otros casos mencionados por la misma plataforma. Entre ellos aparece Ankeilys Guerra Fis, trasladado a una prisión en Güines tras pasar semanas en Villa Marista luego de pedir en una directa de Facebook ayuda a Donald Trump para lograr un cambio en Cuba. También está el caso de Selena Lambert Ortega, citada por la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba y luego expulsada del apartamento que rentaba tras publicar en redes una encuesta electoral informal.
En ese mismo cuadro apareció el llamado Plan Baraguá, presentado ante Consejos de Defensa provinciales y orientado a concentrar y aislar a presos políticos, encarcelar a opositores, activistas y críticos, y ordenar tolerancia cero a las Brigadas de Respuesta Rápida. La secuencia de hechos dibuja una verdad incómoda para el régimen: cuando la crítica sale de control, la respuesta vuelve a ser vigilancia, presión y cárcel.
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