A un año del inicio de las llamadas excarcelaciones selectivas, Amnistía Internacional volvió a exigir la libertad inmediata, plena e incondicional de todas las personas encarceladas en Cuba por motivos políticos. La organización retrata ese proceso como una maniobra opaca que dejó intacta la represión del régimen y mantuvo a decenas de familias bajo la misma angustia de siempre.
Ana Piquer, directora regional de Amnistía para las Américas, puso nombres sobre la mesa: Saylí Navarro Álvarez, Félix Navarro, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca, Maykel Castillo Pérez, Maykel “Osorbo”, y Luis Manuel Otero Alcántara. Todos siguen siendo prueba de la criminalización del activismo independiente en la isla. “No deben pasar ni un día más en prisión”, afirmó.
El proceso anunciado el 14 de enero de 2025 por las autoridades cubanas estuvo marcado por la falta de transparencia, la ausencia de criterios públicos y la imposición de condiciones arbitrarias. Amnistía también denunció el impacto psicológico sobre los familiares, sometidos a una presión constante que el aparato estatal usa para desgastar, dividir y castigar.
Durante 2025 fueron liberadas al menos 211 personas, entre ellas varios detenidos por las protestas del 11 de julio de 2021. Pero muchas salieron forzadas al exilio y otras regresaron después a prisión. El balance confirma que el régimen no desmontó la represión: la administró con otro formato y conservó el control político sobre los liberados y sus familias.
La organización sostuvo además que no hubo reconocimiento de los abusos cometidos ni medidas de no repetición. Esa omisión deja el terreno listo para nuevas detenciones arbitrarias y demuestra que el sistema penal sigue funcionando como herramienta para callar la crítica y castigar el disenso.
Piquer pidió a Miguel Díaz-Canel una decisión inequívoca para terminar con el uso de tribunales y prisiones contra quienes piensan distinto. Mientras eso no ocurra, advirtió Amnistía, en Cuba seguirán vulnerados derechos básicos como la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
Al cierre de 2025, Cuba registraba 1.197 prisioneros políticos y de conciencia, según Prisoners Defenders, con 134 nuevos casos en los últimos 12 meses. El informe también detalla 219 manifestantes condenados por “sedición”, con penas promedio de 10 años, entre ellos 16 menores al momento de su arresto.
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