El senador republicano Jim Banks empujó a la administración de Donald Trump a reclamar dinero público presuntamente entregado a inmigrantes en programas de Medicaid, SNAP y educación. Su reclamo apunta a que los patrocinadores de inmigrantes legales deben reembolsar al gobierno los beneficios usados por sus protegidos, una obligación que, según él, ha quedado en papel mojado durante años.
En una carta enviada a varias agencias federales, Banks pidió que se haga valer esa disposición de la ley y que se devuelva a los contribuyentes lo que considera un gasto indebido. El mensaje va dirigido al Departamento de Seguridad Nacional, Agricultura, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Desarrollo Urbano, además del Servicio de Impuestos Internos y la Administración del Seguro Social.
El legislador sostuvo que la carga sobre el fisco es enorme. Citó un estudio del Center for Immigration Studies que atribuye a los inmigrantes ilegales un costo anual estimado de 68 mil millones de dólares en educación pública, 42 mil millones en asistencia social y 7 mil millones en atención médica. También aseguró que esa factura supera lo que ese grupo aporta en impuestos.
Banks fue más lejos y dijo que el gobierno también podría reclamar parte de los beneficios usados legalmente por extranjeros admitidos al país. Recordó que los familiares que patrocinan a un inmigrante aceptan por contrato reembolsar al Estado por cualquier ayuda sujeta a recursos antes de que esa persona se convierta en ciudadano, y que esa promesa puede exigirse en tribunales durante diez años en el caso del programa de visas familiares.
Según el senador, no aparecen registros de agencias federales que hayan pedido ese reembolso. Ese dato alimenta su acusación de que el aparato estatal dejó correr durante años un sistema de dependencia financiado por los contribuyentes y tolerado por la propia administración.
La Casa Blanca de Trump recibió la presión con una respuesta parcial. Un vocero del Departamento de Vivienda dijo que la agencia explora todas las opciones para exigir responsabilidades a los patrocinadores de extranjeros y proteger al contribuyente estadounidense. Agricultura, por su parte, aclaró que los beneficiarios con Estatus de Protección Temporal no califican automáticamente para SNAP y que la elegibilidad depende de factores adicionales de inmigración e ingresos.
Banks pidió una respuesta formal antes del 1 de marzo. Quiere saber cuánto dinero se ha pagado en beneficios sujetos a ingresos, cuánto se ha intentado recuperar y qué pasos tomará el gobierno para hacer cumplir los contratos de patrocinio. El fondo del debate es claro: la frontera y la política migratoria también se miden en la caja pública, y en Washington crece la presión para que el Estado deje de asumir como propio un costo que, según este sector republicano, deben cargar quienes firmaron la responsabilidad.
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