La nueva decisión de Donald Trump vuelve a apretar al régimen cubano por su flanco más débil: el combustible. El presidente declaró una emergencia nacional al considerar que el Gobierno de Cuba representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos, y abrió la puerta a aranceles contra los países que suministren petróleo a la isla.
Firmada el 29 de enero en la Casa Blanca, la medida añade otra capa de presión sobre un sistema que depende de importaciones energéticas para sostenerse. El castigo anunciado alcanza incluso a envíos indirectos, lo que busca cerrar rutas de abastecimiento y complicar cualquier operación que alivie la escasez de crudo en Cuba. En la práctica, el golpe cae sobre una economía ya hundida en apagones prolongados, transporte en crisis y falta crónica de recursos.
El alcance de la orden va más allá del plano energético. Washington también eleva el aislamiento diplomático del régimen y deja claro que castigará a quienes mantengan vínculos con La Habana. La Casa Blanca acusa al gobierno de Miguel Díaz-Canel de aliarse con Rusia, China, Irán, Hezbolá y Hamás, y de dar refugio a grupos terroristas transnacionales. Esa denuncia refuerza la lectura de que el castrismo se sostiene sobre alianzas tóxicas y cada vez más costosas para su entorno internacional.
El documento presidencial ordena además una vigilancia más estrecha sobre cualquier transacción relacionada con la isla. El Departamento de Estado y el Departamento de Comercio deberán monitorear los movimientos energéticos que involucren a Cuba y recomendar medidas adicionales si el castigo no resulta suficiente. Esa supervisión abre el camino a nuevas restricciones comerciales y diplomáticas, con el régimen cada vez más expuesto y con menos margen de maniobra.
Dentro de Cuba, la cuenta la terminará pagando otra vez la población. Menos combustible significa más dificultades de transporte, más presión sobre los precios y más deterioro de los servicios básicos. El aparato político conserva el control, pero su incapacidad para sostener la economía empuja a los cubanos a una vida cada vez más precaria, marcada por la escasez y el agotamiento.
La administración Trump sostiene que la medida apunta contra la estructura de poder y no contra los cubanos, con el argumento de respaldar sus aspiraciones a una sociedad libre y democrática. Ese enfoque se apoya en una línea de presión que busca golpear al régimen donde más le duele: en su acceso a combustible, divisas y apoyos externos.
Yleen Poblete recordó que la emergencia nacional sobre Cuba tiene antecedente en la declarada el 1 de marzo de 1996, tras el derribo de dos avionetas humanitarias estadounidenses por cazas cubanos, hecho en el que murieron tres ciudadanos de Estados Unidos y un residente permanente. Esa emergencia ha sido prorrogada cada año por sucesivos presidentes, incluida la última renovación firmada por Trump el 24 de febrero de 2025.
La novedad de esta etapa está en la amenaza explícita de aranceles contra los países que vendan o suministren petróleo al régimen cubano. Con esa herramienta, Washington intenta cerrar una vía vital para la sobrevivencia del castrismo y elevar el costo político de cualquiera que decida apuntalar a una dictadura sostenida por la escasez, el control y la dependencia exterior.
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