Uruguay recibió una alerta directa sobre su libertad de prensa: el Índice Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa lo ubicó con 68,78 puntos sobre 100 y advirtió que el país enfrenta un deterioro en el ejercicio periodístico.
El golpe más serio está en la respuesta del Estado frente a la violencia, la impunidad y las presiones contra periodistas. En esa dimensión, Uruguay obtuvo 22,78 de 40, su peor resultado, y cayó en la franja de restricción. El dato importa porque desmonta la imagen cómoda de un país que todavía aparece entre los mejor posicionados de la región, pero que ya exhibe fisuras concretas en el trato oficial a la prensa.
La medición abarca del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025, un período atravesado por la transición presidencial entre Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi. La SIP señaló que Orsi asumió el 1 de marzo de 2025 y suspendió la reglamentación de la Ley de Medios impulsada por su antecesor para revisar su legalidad.
El informe describe además un giro en la comunicación gubernamental, acompañado por un aumento en las citaciones policiales y las denuncias por difamación como mecanismos de hostigamiento contra periodistas. También advierte sobre la proliferación de demandas estratégicas contra la participación pública, un recurso que presiona la independencia editorial y daña la reputación democrática de Uruguay en una materia que antes le servía de carta de presentación en América Latina.
La señal pesa más porque la alarma no llega sola. La SIP dijo que las condiciones para el periodismo y la libertad de expresión en las Américas cayeron a su nivel más bajo desde que existe el índice, con un promedio regional de 47,10 puntos. Entre los países mencionados por homicidios, detenciones arbitrarias, exilios e impunidad figuran Cuba y Venezuela, donde el control político sobre la prensa forma parte del andamiaje de poder.
La comparación deja una lección clara para la región: cuando el Estado empieza a usar citaciones, demandas y presión policial contra periodistas, la libertad de expresión se encoge. En Cuba, ese mismo patrón lleva décadas instalado como norma del régimen. Por eso una alerta en Uruguay merece atención, porque muestra cómo incluso democracias con instituciones sólidas pueden abrirle espacio al hostigamiento oficial si aflojan la defensa de la prensa libre.
En el tope del ranking regional quedó República Dominicana, como el único país con más de 80 puntos, seguida por Chile, Canadá, Brasil, Uruguay y Jamaica, todos dentro de la categoría de baja restricción.
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