La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una ley de amnistía para presos políticos y hechos ocurridos entre 2002 y 2025, y dejó el texto en manos de Delcy Rodríguez para su firma y publicación oficial. La medida abre una salida para quienes han cargado condenas por la confrontación política de los últimos años, pero también confirma que el poder chavista sigue administrando la justicia y la reconciliación a su antojo.
Rodríguez celebró la votación con un discurso de perdón y reconciliación. Dijo que “hay que saber pedir perdón y recibir perdón” y presentó la ley como el inicio de una nueva etapa. Su mensaje buscó vestir de apertura una decisión que llega después de 25 años de choque político, persecución y castigo contra opositores, militares disidentes y manifestantes.
La norma abarca episodios que forman parte de la historia reciente de Venezuela, desde el golpe de abril de 2002 contra Hugo Chávez y el paro petrolero de 2002 y 2003 hasta las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024. Ese alcance temporal muestra que el chavismo quiere cerrar capítulos de su propia crisis bajo sus términos y con sus propios límites, sin soltar el control sobre quién queda dentro y quién queda fuera.
El texto deja exclusiones precisas. No aplica para violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, narcotráfico ni corrupción. Tampoco beneficiará a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía o la integridad territorial de Venezuela, ni a quienes hayan actuado con apoyo de Estados o actores extranjeros.
El Parlamento designó una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la ley, y el documento fue enviado a Rodríguez para su firma y posterior publicación en la Gaceta Oficial. La escena resume bien el mecanismo del régimen: una amnistía aprobada desde arriba, administrada por el propio poder y presentada como reconciliación, cuando en realidad depende del mismo aparato que durante años ha usado la represión judicial como herramienta de control político.
Para la oposición venezolana y para quienes han pasado por prisión o persecución, la aprobación de esta ley importa por lo que puede liberar y por lo que desnuda. El chavismo sigue moviéndose entre la concesión calculada y el control absoluto, usando el perdón como otra pieza de su ingeniería política. La reconciliación, en ese marco, queda sometida al permiso del mismo sistema que convirtió la persecución en método de gobierno.
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