Después de 40 días sin comer, el preso político Yosvany Rosell García Caso depuso la huelga de hambre que sostenía en una cárcel cubana. La confirmación llegó de su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, quien advirtió que su estado sigue siendo grave y que su vida continúa en riesgo pese a que volvió a recibir alimentación.
La decisión llegó luego de que las autoridades aceptaran una de sus exigencias: enviarlo a celda de aislamiento. Según explicó su esposa, García Caso estaba hundido por el castigo carcelario y prefería quedar apartado del ambiente brutal de prisión antes que seguir expuesto a él. Esa petición revela la dimensión del encierro en Cuba, donde el régimen usa el hacinamiento, el maltrato y la presión psicológica como parte del castigo cotidiano contra quienes protesta o disienten.
La recuperación será lenta. Rodríguez Sánchez dijo que el reingreso a la alimentación comenzó con sueros de hidratación en la noche del lunes y que en la mañana del martes le hicieron pruebas complementarias para conocer el daño real sobre sus riñones y otros órganos. La familia sigue a la espera de resultados, pero el diagnóstico de fondo permanece intacto: el cuerpo del preso quedó golpeado después de 40 días de huelga y todavía no hay certeza sobre las secuelas.
García Caso fue trasladado el 19 de noviembre desde la prisión Cubasí al Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, en Holguín. Poco después fue ingresado en terapia intermedia, ya catalogado en estado crítico y sin pronóstico. Su esposa lo vio este fin de semana y lo describió consciente, aunque muy débil. También denunció que permanecía custodiado por oficiales de la Seguridad del Estado y esposado a la cama con una esposa y una cadena en uno de sus pies.
Este lunes sus tres hijos pudieron visitarlo y, según la madre, el encuentro fue doloroso, pero le devolvió algo de aliento a la familia. Ya para ese momento le habían retirado la cadena, aunque el control sobre él seguía siendo absoluto. La imagen de un preso político agonizando bajo vigilancia de la Seguridad del Estado resume el trato que reserva la dictadura cubana a quienes se plantan contra la injusticia.
García Caso inició la huelga después de más de cuatro años encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Holguín. Fue condenado a 15 años de prisión, una de las penas más severas entre los más de 1.000 procesados por esas manifestaciones en todo el país. Su caso vuelve a dejar al descubierto el precio que el régimen cobra por protestar en Cuba: condenas desproporcionadas, cárcel dura y una represión que no afloja ni cuando la vida del preso cuelga de un hilo.
Este lunes, cerca de doscientos cubanos entre activistas, artistas, intelectuales, familiares y miembros de la sociedad civil dentro y fuera del país enviaron una carta al papa León XIV para pedir una mediación humanitaria a favor del preso político. El documento fue entregado en la Santa Sede, en Roma, y también en la Nunciatura Apostólica de La Habana. Los firmantes advirtieron que el caso de García Caso refleja la situación de centenares de presos políticos que siguen atrapados en las cárceles cubanas bajo el peso de un sistema represivo que castiga, aísla y destruye.
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