La Seguridad del Estado mantiene detenido en Ciego de Ávila a Jonathan Muir, un adolescente de 16 años, acusado de participar en la protesta del viernes en Morón, mientras su padre, el pastor Elier Muir Ávila, fue liberado horas después de haber sido retenido junto a él. El caso vuelve a dejar al desnudo la respuesta del régimen: persecución, presión policial y amenaza de juicio para un menor de edad por haber estado vinculado a una manifestación contra los apagones.
Ambos habían sido citados para presentarse en la estación policial de Morón, pero luego fueron trasladados y pasaron horas en paradero desconocido. Después se supo que estaban en la sede de la policía política provincial. Esa secuencia de citación, traslado y silencio oficial es la ruta habitual de la represión cubana cuando quiere castigar sin dar explicaciones inmediatas ni permitir control público sobre lo que ocurre.
Según el informe difundido por el Observatorio de Libertades Religiosas de Defensa CD, al menor lo instruyen de cargos y las autoridades pretenden llevar su caso a Fiscalía en un plazo de tres días. También fue amenazado con ser juzgado “con todo el peso de la ley”. En Cuba, esa fórmula no describe justicia: anticipa un castigo ejemplarizante contra un muchacho que el régimen quiere convertir en advertencia para el resto.
El hecho importa porque Morón no explotó por capricho. Las protestas del viernes nacieron del hartazgo por los apagones prolongados y terminaron con ataques a la sede municipal del Partido Comunista, con muebles y computadoras lanzados a la calle. El malestar no apareció de la nada; responde al desgaste de una población sometida a cortes eléctricos, precariedad y abandono, mientras el poder responde con uniformes, citaciones y celdas.
La maquinaria oficial ya admitió que hay 14 detenidos por la manifestación, según la prensa estatal y declaraciones del primer secretario del Partido en Ciego de Ávila. En redes sociales también circularon reportes de al menos una víctima de disparo. El saldo de Morón confirma el patrón de siempre: cuando la gente sale a la calle por hambre, apagones o desesperación, el régimen no escucha la causa del reclamo; busca culpables y los encierra.
El caso de Jonathan Muir añade un elemento especialmente grave. La detención de un menor por protestar, o por ser señalado en una protesta, exhibe hasta dónde llega el aparato represivo cuando se siente desafiado. En vez de proteger a un adolescente, el sistema lo coloca frente a la Fiscalía como si el problema de Cuba fueran los que se cansan de vivir a oscuras. Así funciona la dictadura: convierte la protesta en delito y el abuso estatal en método de gobierno.
La Seguridad del Estado mantiene detenido a un adolescente de 16 años en Ciego de Ávila por su presunta participación en la protesta de Morón contra los apagones.[7][
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