La protesta de reclusos en la prisión provincial de Canaleta, en Ciego de Ávila, dejó al descubierto otra vez la brutalidad con que el régimen responde dentro de sus cárceles. Tras los hechos, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba señaló a tres oficiales del Ministerio del Interior como responsables directos de la represión contra los internos y los añadió a su lista de “Represores Violentos”.
Entre los señalados aparecen los tenientes coroneles Orlando Fernández Fernández, conocido como “Landi”, y Carlos Martínez Rodríguez, apodado “Carlitos el Cojo”, además del mayor Noel Morales López, ya mencionado antes por su papel en el penal. La organización los vincula con la respuesta armada contra la revuelta de la semana pasada y con el deterioro extremo de las condiciones carcelarias que empujaron a los presos a protestar.
Según la denuncia, la protesta comenzó el 18 de febrero después de que un joven se ahorcara, o intentara hacerlo, tras ser golpeado por guardias cuando reclamó comida. Desde ahí, el motín subió de tono y los reclusos lanzaron consignas políticas como “Patria y Vida”, “Libertad”, “Viva Trump” y “Abajo Díaz-Canel”, una señal clara de que en Canaleta la rabia no se quedó en el hambre ni en los golpes: terminó apuntando contra el poder que sostiene ese encierro.
La respuesta fue la de siempre: balas de goma, golpes, gas pimienta y el traslado de los internos al área conocida como “soleadero”, donde habrían seguido las agresiones con tonfas y patadas. Varios presos resultaron heridos y entre los hospitalizados figura el preso político Georkis Vargas Ramos. También se reportó la desaparición de más de 40 reclusos, con versiones de traslados violentos hacia otras prisiones del país, entre ellas Kilo 8, en Camagüey, y centros penitenciarios en Matanzas.
La lista de abusos atribuida a los oficiales señalados agrava el cuadro. Morales López habría dejado sin tratamiento durante nueve meses al preso político Fernando Eloy González Herrera, enfermo de carcinoma en la lengua. Fernández Fernández habría impedido la entrada de alimentos enviados por familiares el 31 de diciembre. Martínez Rodríguez, por su parte, habría negado agua a la prisionera política Belkis Margarita Domínguez Águila durante una huelga de hambre.
Cubalex ubicó la protesta en el marco de hambre prolongada, insalubridad, falta de atención médica y castigos contra quienes denuncian. Ese retrato coincide con lo que el régimen intenta ocultar detrás de los muros: cárceles convertidas en espacios de castigo político, desamparo sanitario y violencia cotidiana. Canaleta no mostró una anomalía aislada; exhibió el método con que el aparato represivo administra el presidio político en Cuba.
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