La Fiscalía cubana presentó cargos de terrorismo contra seis sospechosos ligados al tiroteo ocurrido frente a la costa norte de la isla a bordo de una lancha rápida con bandera de Florida. Los detenidos, todos de origen cubano, siguen en prisión preventiva mientras La Habana empuja el caso hacia un terreno penal de máxima dureza.
El gobierno sostiene que 10 cubanos estadounidenses, fuertemente armados, viajaban en la embarcación para infiltrarse en Cuba y cometer actos de terrorismo. Según esa versión, los soldados cubanos respondieron al fuego y mataron a cuatro de los supuestos atacantes. La lista de lo hallado en el barco, de acuerdo con el propio gobierno, incluye una docena de armas de alto poder, más de 12.800 municiones y 11 pistolas.
La acusación coloca a los seis detenidos ante una amenaza severa. El fiscal jefe Edward Robert Campbell dijo a The Associated Press que los cargos pueden llevar hasta 30 años de cárcel o incluso la pena de muerte, aunque Cuba mantiene una moratoria sobre esa sanción desde 2003. En manos del régimen, un caso de violencia armada también se convierte en un expediente de escarmiento, con el mensaje político de siempre: control absoluto, castigo ejemplar y cero margen para la incertidumbre oficial.
La Fiscalía aseguró que garantizará el debido proceso y afirmó que actúa en defensa del pueblo y de las instituciones del país. Esa fórmula choca con la práctica de un sistema penal subordinado al poder, donde la narrativa oficial pesa tanto como la prueba y donde los casos sensibles terminan encapsulados por la lógica del control político.
El episodio importa por lo que dice del clima de confrontación que rodea al régimen y de su manera de gestionar los expedientes que rozan la seguridad del Estado. La respuesta de La Habana no se limita a procesar un hecho violento; busca reforzar su discurso de amenaza externa, blindar al aparato represivo y convertir la causa en otra pieza de propaganda judicial.
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