Cuba volvió a quedar a oscuras este lunes después de una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, una caída que dejó sin servicio a toda la isla y obligó a la Unión Eléctrica a activar protocolos de emergencia para intentar restaurar el suministro. La propia entidad admitió que la recuperación podía tardar varias horas por el deterioro de la infraestructura y la magnitud de las averías.
El nuevo apagón general llega como otra demostración del desastre energético que arrastra el país desde hace año y medio. No se trata de un incidente menor ni de una falla puntual: es el sexto colapso de este tipo en dieciocho meses, en un sistema que ya venía avisando su derrumbe con déficits diarios, plantas fuera de servicio y una red incapaz de sostener la demanda mínima.
Antes de la caída total, la UNE había calculado que el 62 % del país quedaría sin electricidad en el horario de mayor consumo. La brecha entre generación y demanda alcanzaría 1.930 megavatios, con una disponibilidad de apenas 1.220 MW frente a una necesidad estimada de 3.150 MW. Ese hueco explica por qué el apagón no sorprendió a nadie dentro de la isla: el sistema ya estaba roto.
La estructura energética cubana opera sobre bases vencidas. Nueve de las dieciséis unidades termoeléctricas del país estaban fuera de servicio, y esas plantas aportan alrededor del 40 % de la generación nacional. Cuando esa columna se cae, el resto del país queda condenado a la oscuridad, con hospitales, escuelas, industrias y hogares atrapados en una rutina que destruye la vida diaria y frena cualquier actividad productiva.
Desde 2022, los cortes se han vuelto más frecuentes y más largos. El pasado 7 de marzo, el déficit energético dejó sin electricidad al 68 % del país al mismo tiempo, una de las peores afectaciones registradas en los últimos años. Este nuevo colapso confirma que el apagón dejó de ser una molestia temporal para convertirse en una forma de vida impuesta a millones de cubanos por un sistema que no responde.
La causa de fondo está en la combinación de infraestructura envejecida, escasez de recursos para mantenimiento y limitaciones en el suministro de combustibles. La dependencia de plantas termoeléctricas antiguas y de petróleo importado ha hecho todavía más frágil una red que no soporta ni la demanda interna ni las tensiones acumuladas por años de abandono estatal.
El impacto se siente en la mesa, en el trabajo y en la economía del país. Cada apagón prolongado hunde más la producción, complica la conservación de los alimentos y empuja a las familias a una sobrevivencia cada vez más dura. Una residente de La Habana lo resumió con una frase que retrata el país real: “Llevamos días sin corriente, no podemos trabajar ni conservar los alimentos”.
La propia crisis energética también carga con el peso de la corrupción, la falta de inversiones y la obsolescencia acumulada durante años. A eso se suma, según la dictadura cubana, el efecto de las sanciones impuestas por Estados Unidos desde enero, que han limitado la importación de combustibles y repuestos. El régimen añade además la reducción en la llegada de petróleo desde Venezuela, otro factor que agrava la inestabilidad del sistema.
Mientras el poder intenta explicar el derrumbe con causas externas, la realidad es que la isla sigue pagando el costo de un modelo agotado. Cada apagón deja más clara la responsabilidad política del régimen en el deterioro de un servicio básico que sostiene toda la vida nacional. Cuba no solo se queda sin luz: se queda otra vez expuesta a la incapacidad de un Estado que ha dejado caer lo elemental.
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