Decenas de cubanos que aceptaron la deportación desde centros de ICE en Estados Unidos creyeron que regresarían a La Habana y volverían a ver a sus familias. El avión aterrizó en la Base Naval de Guantánamo y los dejó atrapados en una detención que alargó todavía más su calvario migratorio.
El caso, revelado por The New York Times en un reportaje de Carol Rosenberg, describe a unos 50 hombres trasladados desde distintos centros de detención, sobre todo desde Luisiana, que firmaron su salida pensando que era el camino más rápido para dejar atrás el encierro en territorio estadounidense. Varios ni siquiera sabían que Guantánamo seguía dentro de la maquinaria migratoria de Washington.
La escena resume una crueldad burocrática difícil de justificar: hombres que creían estar cerca del reencuentro familiar terminaron en una instalación militar asociada durante años con los detenidos por terrorismo. Algunos pasaron primero por barracones cercanos a la pista aérea, pero luego fueron concentrados en el Campamento 6, una prisión que antes alojó a presuntos miembros de Al Qaeda.
La Base Naval tampoco los acercó a Cuba. Las restricciones de La Habana a los vuelos desde ese enclave obligan a Estados Unidos a sacarlos otra vez de Guantánamo y devolverlos a territorio estadounidense antes de poder entregarlos a las autoridades cubanas. Ese rodeo los deja semanas en un limbo que combina castigo, desorden y desprecio por la dignidad humana.
Familiares consultados por medios y allegados que han denunciado el caso hablan de esposas, cadenas, rifles apuntando al bajar del avión e incomunicación durante días. También aseguran que varios de los deportados no tienen antecedentes penales y que algunos habían pedido asilo o contaban con permisos de trabajo antes de aceptar la salida voluntaria.
El silencio oficial ha sido casi total. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional insiste en que entre los detenidos hay personas con antecedentes graves, las familias niegan esa versión y no han visto pruebas públicas que la sostengan. La ACLU, que ha impugnado esta política, sostiene que muchos firmaron creyendo que salían del encierro, no que entraban en otro más absurdo.
Para Cuba, el caso también expone la responsabilidad del régimen. La Habana mantiene limitado a un solo vuelo mensual el retorno de deportados desde Estados Unidos, mientras Washington ha pedido ampliar esa cifra sin conseguir respuesta. En medio de la crisis económica, los apagones y la escasez, el régimen conserva el control sobre quién entra y quién sale, pero no ofrece una salida ordenada ni humana para sus propios nacionales.
La historia de estos cubanos deja al descubierto dos fallas a la vez: la dureza de una política migratoria estadounidense que los trató como ficha de trámite y la incapacidad del régimen cubano para asumir con seriedad el drama de sus ciudadanos expulsados por la miseria que él mismo ha fabricado. Entre una administración y otra, los que pagan son siempre los mismos: familias rotas, incertidumbre y una patria convertida en frontera hostil.
En los grupos privados donde circula la información, madres, esposas y tías se aferran a llamadas breves y a rumores para saber si siguen vivos y dónde están. Esa angustia resume el resultado final de una maquinaria que prometió retorno y entregó encierro.
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