La guardia costera de Estados Unidos interceptó el Ocean Mariner, un buque con bandera de Liberia que había salido de Colombia con combustible y cuyo destino final levantó sospechas por su ruta hacia Cuba. El caso estalló después de que se conociera que la embarcación fue señalada por transportar fueloil para la isla, en medio de las sanciones de Washington contra el régimen cubano.
La nave zarpó el 5 de febrero desde la Sociedad Portuaria Sitio Nuevo, en Palermo, Magdalena, cerca de Barranquilla, tras una inspección en la que participaron la Dian, la Policía Fiscal y Aduanera, el grupo de Crímenes Transnacionales y un representante de Ecopetrol. El capitán, John Paul Lamis Fojas, estuvo presente en la diligencia, aunque no firmó el acta. El combustible, valorado en cerca de 6,9 millones de dólares, habría sido adquirido y cargado en Colombia con respaldo documental, fotografías e informes oficiales.
Según la investigación de El Tiempo, el buque fue cargado como parte de una operación comercial en la que ISM figura como vendedor autorizado por el Ministerio de Minas de Colombia y Monarch Security Latin America Inc., con sede en Panamá, aparece como primer comprador. Ambas compañías sostienen que su responsabilidad terminó cuando la carga quedó embarcada, bajo el esquema Free On Board, que transfiere el control al comprador desde el zarpe.
El problema vino después. Aunque los documentos oficiales mencionaban a República Dominicana como destino, el seguimiento satelital detectó un viraje abrupto hacia el sur de Haití. El 11 de febrero, la guardia costera estadounidense escoltó la embarcación con el buque militar USGC Stone hasta Bahamas, en una operación que tomó mayor peso político por el endurecimiento de las sanciones contra Cuba dispuesto por Donald Trump desde el 11 de enero.
La trama alcanzó incluso al presidente colombiano Gustavo Petro, que admitió públicamente que una empresa privada cargó el petróleo del Ocean Mariner y negó irregularidades de parte del Estado o del sector privado colombiano. Después, pidió a Estados Unidos levantar el bloqueo a Cuba y propuso impulsar un programa de energía solar en la isla. Su reacción volvió a colocar a La Habana en el centro de una ruta comercial rodeada de opacidad, desvíos y maniobras que terminan beneficiando al régimen, siempre hambriento de combustible para sostener su aparato de control y una economía quebrada.
El episodio deja otra evidencia incómoda para el castrismo: la dependencia energética de Cuba sigue empujando a la isla a circuitos cada vez más tensos y vigilados, mientras su gobierno insiste en culpar al embargo de todo y nunca rinde cuentas por el desastre interno que obliga a buscar cada litro de combustible en medio mundo. Cuando una operación así termina interceptada por Estados Unidos, no solo queda expuesto el comercio; queda otra vez a la vista la fragilidad de un sistema que sobrevive entre sanciones, atajos y propaganda.
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