El régimen cubano volvió a convertir una urgencia consular en una fuente de ingresos. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España tuvo que firmar un contrato con el Grupo Empresarial Palco, una firma estatal, para reforzar en La Habana la tramitación de los expedientes de nacionalidad amparados por la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos.
La presión llegó cuando el consulado español en la capital cubana quedó rebasado por el volumen de solicitudes. El plazo para presentar los papeles venció en octubre de 2025 y, para sacar adelante el trabajo acumulado, Exteriores adjudicó en enero de ese año el contrato a Palco, la única empresa autorizada por el régimen para asumir esa labor. España desembolsó 1.131.295 euros a cambio de fuerza de trabajo.
El contrato dejó por escrito el grado de dependencia impuesto desde La Habana. El consulado no podía escoger libremente al personal que necesitaba; debía recibirlo por medio de Palco, que colocó a 87 auxiliares de oficinas y de servicios. Esos trabajadores realizaron jornadas de 137 horas semanales, con salarios fijados entre 3.706 y 3.630 pesos cubanos al mes, mientras la empresa estatal cobraba entre 205 y 210 euros mensuales por cada empleado. El acuerdo también estableció el pago del doble del salario mensual cuando el trabajo coincidiera con un festivo.
Palco nació hace 45 años para organizar congresos, ferias y exposiciones, pero el régimen lo expandió hasta convertirlo en un conglomerado de filiales con negocios de contratación de fuerza de trabajo, arrendamiento inmobiliario, transportación, servicios técnicos, construcción, importación y restauración. La empresa también figura como la mayor inmobiliaria estatal del país, otro reflejo de cómo el aparato oficial ocupa cada espacio rentable y lo pone al servicio de sus intereses.
La llamada ley de nietos desbordó a los consulados españoles en varios países. En dos años, 2,3 millones de descendientes de exiliados y emigrantes se acogieron a la norma, y más de un millón de solicitudes siguen en trámite. Las denegaciones representan menos del 2%. La presión administrativa es enorme en Buenos Aires y también en La Habana, donde ya se contabilizaban 350.000 expedientes. Ese atasco explica por qué Exteriores terminó recurriendo a un convenio con una empresa estatal cubana para intentar mover el trabajo pendiente.
El caso deja al descubierto el precio de operar en Cuba bajo las reglas del régimen. Incluso una gestión consular extranjera acaba sometida a sus permisos, a su red de control y a sus intermediarios. España buscó resolver un problema burocrático; La Habana encontró otra vía para cobrar por un servicio que debió funcionar con autonomía y eficiencia, sin pasar por el filtro de una estructura estatal diseñada para mandar, intermediar y lucrar.
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