La Empresa Eléctrica de Granma ha terminado por admitir lo que el país vive a diario: el colapso del sistema obliga a escoger qué se mantiene encendido y qué se deja caer. En varios municipios de la provincia, la entidad anunció circuitos priorizados para proteger las comunicaciones mientras el resto de la población sigue atrapada en apagones cada vez más largos e imprevisibles.
La decisión se tomó junto a la filial provincial de ETECSA para resguardar los nodos principales de telecomunicaciones. Según la nota divulgada por la prensa oficialista local, en la Zona Costera se garantizará la protección total de circuitos como Niquero Pueblo, en Niquero, y La Jagua, en Media Luna. En Pilón, dijeron que trabajan en “variantes técnicas” para lograr un resultado parecido.
En Bartolomé Masó, la empresa habló de una “estrategia de protección parcial”. Eso significa que el circuito se mantiene con servicio buena parte del día para asegurar las comunicaciones, pero se interrumpe en el horario pico para “equilibrar la carga del sistema”. En Río Cauto, la prioridad recae sobre el circuito Guamo, presentado como punto clave para sostener la red en esa zona.
Bayamo quedó incluida en esa lógica de rescate selectivo. Allí se protege el circuito Amado Estévez porque alimenta la torre principal de ETECSA, descrita por la propia empresa como “el corazón de las comunicaciones” de toda la provincia. También se asegura el servicio al Banco de Sangre, una instalación sensible que depende de una red eléctrica estable para funcionar.
El cuadro confirma una realidad más dura que cualquier discurso sobre “bienestar colectivo”: el régimen administra la escasez con parches y priorizaciones forzadas, mientras la crisis energética sigue hundiendo la vida diaria de los cubanos. En vez de ofrecer un sistema estable, empuja a las provincias a repartir lo poco que queda entre telecomunicaciones, salud y zonas que reciben protección especial, mientras barrios enteros quedan sometidos al apagón como norma.
La gravedad del momento quedó aún más clara cuando la Unión Eléctrica reportó una salida de servicio en la Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara de la Serna, a las 9:59 a.m., por una falla en el regulador de velocidad. La avería añadió 44 MW de afectación y volvió a desnudar la fragilidad de un sistema que no resiste presión alguna.
Antes de ese nuevo tropiezo, la propia UNE había pronosticado para el horario pico una disponibilidad de 1.412 MW frente a una demanda máxima de 3.150 MW. El cálculo dejaba un déficit de 1.738 MW y una afectación proyectada de 1.768 MW. La matemática del desastre ya era suficiente; la caída adicional de la termoeléctrica terminó de confirmar que el sistema eléctrico nacional vive al borde del derrumbe.
Granma, como el resto del país, no está ante un fallo aislado. Está ante una crisis estructural hecha de averías frecuentes, mantenimiento insuficiente y generación incapaz de sostener la demanda. El resultado es el mismo de siempre: cortes, improvisación y un discurso oficial que intenta vestir de gestión responsable lo que en la práctica es un fracaso prolongado del régimen para garantizar lo más elemental.
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