El Ministerio del Interior confirmó este viernes que sofocó un motín en la cárcel de alta seguridad de Canaleta, en el centro de Cuba, y lo hizo con una retórica que deja claro el enfoque del régimen: fuerza, castigo y silencio. La declaración llegó después de que ONG y activistas denunciaran el estallido de la protesta dentro del penal, mientras La Habana seguía sin dar explicaciones sobre heridos o muertos.
El comunicado del Minint dijo que la víspera había «restablecido el orden con racionalidad y determinación» tras una «violación grave del reglamento penitenciario» cometida por dos presos «junto con otros reclusos». La frase oficial no aclara qué detonó el conflicto, ni qué pasó dentro de la prisión cuando comenzaron los disturbios. Tampoco confirma si hubo lesionados o fallecidos, aunque varias organizaciones ya habían alertado de esa posibilidad.
La primera versión ofrecida por un recluso a EFE apuntó a una respuesta violenta de las fuerzas del orden. Según ese testimonio, al penal llegaron refuerzos policiales que usaron «balas de goma», «gas pimienta» y golpes para contener la protesta. En ese mismo relato aparecieron los motivos de fondo: hambre, malos tratos y descontento con el Gobierno cubano, tres palabras que resumen el ambiente de abandono que domina muchas cárceles de la isla.
Canaleta no es un caso aislado. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, con sede en Ciudad de México, ha denunciado en varias ocasiones la situación en ese centro penitenciario y registra desde 2023 al menos 40 eventos que implican violaciones de derechos humanos. Entre ellos figuran golpizas, celdas de castigo, traslados violentos, falta de agua potable y enfermedades crónicas sin tratamiento.
La respuesta del régimen tampoco ofrece señales de corrección. El Minint advirtió que sucesos como ese recibirán «el rigor de la legalidad socialista en beneficio de la seguridad colectiva», una fórmula que en Cuba suele significar más mano dura, menos transparencia y cero rendición de cuentas. En un sistema donde la prisión funciona como castigo político y social, la legalidad se invoca para encubrir abusos, no para proteger a los reclusos.
La dimensión humana del problema ya está a la vista. El mismo colectivo de documentación carcelaria registró al menos 60 muertes en prisiones cubanas entre marzo de 2024 y marzo de 2025, con 47 vinculadas a la salud física y mental de las víctimas y la falta de atención médica oportuna. Otras siete estuvieron relacionadas con violencia física directa. Ese saldo coloca el motín de Canaleta dentro de una crisis penitenciaria mucho más profunda, marcada por hambre, enfermedad, maltrato y represión.
En paralelo, Prisoners Defenders ha contabilizado hasta ahora 1.207 presos por motivos políticos en Cuba. Ese dato refuerza la lectura de fondo: el sistema carcelario cubano no solo está roto, también sirve como instrumento de control. Cuando una prisión de alta seguridad estalla y el régimen responde con silencio y amenaza, lo que queda en evidencia es un Estado que administra encierro, no justicia.
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