La cúpula del régimen venezolano volvió a jugar con las cifras. Delcy Rodríguez aseguró este viernes que 626 personas han sido excarceladas, pero organizaciones de derechos humanos sostienen que la realidad es muy distinta y que las liberaciones efectivas apenas superan las 150 desde que el propio Gobierno anunció el proceso el pasado 8 de enero.
La declaración salió de una reunión en el Palacio de Miraflores, donde Rodríguez anunció además que el Ejecutivo pedirá a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por Volker Türk, que verifique la lista de los supuestos liberados. El gesto llega después de semanas de denuncias por opacidad, demoras y manipulación informativa en un asunto que afecta a cientos de familias atrapadas en la incertidumbre.
Mientras la funcionaria insiste en la cifra de 626, Foro Penal calcula que solo 154 personas han salido en libertad y la Plataforma Unitaria Democrática eleva el número a un máximo de 170. Ambas organizaciones coinciden en que siguen encarcelados cientos de presos políticos, muchos sin información clara sobre su situación jurídica ni señales firmes de una liberación cercana.
La confusión oficial ha agravado el drama a las puertas de los centros de detención, donde familiares se presentan cada día con listas en la mano y nombres que no aparecen en registros públicos. Jorge Rodríguez afirmó que esas listas estaban “a disposición”, pero nunca fueron difundidas de manera oficial. En un país sometido al control político y a la propaganda del poder, esa falta de transparencia se convierte en otra forma de castigo.
El Observatorio Venezolano de Prisiones añadió otra denuncia incómoda para el régimen: algunas de las personas liberadas corresponderían a casos que ni siquiera eran públicos, lo que alimenta la sospecha de que el Gobierno está inflando sus cifras con excarcelaciones que no reflejan el peso real del problema. La maniobra pretende maquillar una crisis de presos políticos que sigue abierta y sin respuesta creíble.
Foro Penal advierte que aún quedarían por liberar al menos 780 personas, mientras la oposición calcula que el total de encarcelados por motivos políticos supera los 900. Cada dato oficial que no se traduce en libertad concreta prolonga la angustia de las familias y confirma el uso del encarcelamiento como mecanismo de presión.
En paralelo, Delcy Rodríguez habló de abrir un “verdadero diálogo político” con sectores de la oposición y actores divergentes, una iniciativa que, según dijo, será coordinada por Jorge Rodríguez. El anuncio llega en medio de la misma desconfianza que rodea las excarcelaciones: promesas públicas, cifras infladas y un aparato de poder empeñado en imponer su versión mientras las cárceles siguen llenas.
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