El régimen cubano adelantó que impondrá racionamiento en la venta de combustible ante el desabastecimiento. La medida confirma otra grieta en una economía que lleva años sometida a la escasez, la improvisación y el control político, con el costo completo descargado sobre la población.
La decisión golpea de inmediato la vida diaria del cubano. El transporte depende del combustible, también los servicios y buena parte de la actividad económica. Cuando el régimen habla de racionar, en realidad admite que no puede garantizar lo básico y que administra la carencia como si fuera una política de orden. En la práctica, esa escasez se traduce en más paralización, más atraso y más presión sobre un país ya agotado.
El anuncio deja al desnudo la fragilidad de un sistema incapaz de sostener un suministro elemental. Cada restricción nueva cae sobre el ciudadano común, mientras la cúpula intenta presentar la restricción como medida de organización. El combustible vuelve a ser el termómetro de un modelo fallido que reparte penurias y convierte el desabastecimiento en rutina nacional.
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