La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una ley de amnistía para presos políticos y personas vinculadas a crisis políticas entre 2002 y 2025, pero dejó fuera a quienes participaron en acciones armadas o de fuerza contra ciudadanos, la soberanía y la integridad del país. El texto pasó al despacho de Delcy Rodríguez para su firma y publicación, y desde ya abrió una discusión incómoda sobre el alcance real del alivio que promete.
La norma también excluye delitos de violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y hechos previstos en la ley contra la corrupción. En la práctica, el Parlamento trazó una amnistía limitada, con un filtro tan amplio que deja a muchos detenidos y condenados fuera de cualquier beneficio inmediato.
La ley cubre hechos o faltas cometidas en momentos de choque político que van desde el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002 y el paro petrolero de finales de ese año e inicios de 2003, hasta las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024. Para ejecutar la norma, el Parlamento creó una comisión especial encargada de desarrollar e implementar los mecanismos de cumplimiento, otro signo del control político que rodea todo el proceso.
Durante el debate, el presidente de la Asamblea Nacional admitió el uso inadecuado de la Ley contra el Odio y dejó abierta la puerta a una reforma. Esa confesión confirma hasta qué punto el poder venezolano ha usado el andamiaje legal como herramienta de castigo y vigilancia política, con leyes que terminan sirviendo para sostener la represión y no para proteger derechos.
Activistas, ONG y familiares de presos políticos advirtieron que el proyecto es excluyente porque restringe los periodos y delitos cubiertos. Su reclamo apunta al fondo del asunto: si se aprueba sin cambios, cientos de personas seguirán encarceladas. Foro Penal calcula que hoy existen 644 presos políticos en el país, después de más de 400 excarcelaciones dentro de un proceso iniciado el 8 de enero por el Gobierno encargado.
El episodio vuelve a mostrar cómo un régimen de corte autoritario administra la libertad como moneda política. Excusa a unos, deja a otros bajo llave y conserva intacto el mensaje de fondo: el poder decide quién sale y quién continúa pagando por desafiarlo.
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