Venezuela entregó a Cuba el equivalente de 63.800 millones de dólares en petróleo desde el año 2000 para sostener un aparato represivo montado con asesoría cubana, según un reporte del Miranda Center for Democracy presentado en Miami. La investigación rompe de frente con la vieja coartada del petróleo “solidario” y coloca la relación entre ambos regímenes donde siempre debió estar: en el terreno del pago político por control interno, represión y supervivencia del poder.
El informe sostiene que el chavismo usó hasta 105.000 barriles diarios en su momento más alto, entre 2008 y 2012, como parte de un intercambio que permitió a Cuba entrenar y orientar a los cuerpos de seguridad venezolanos, sobre todo en inteligencia y contrainteligencia. El resultado fue la instalación de un esquema de vigilancia y persecución que, de acuerdo con testimonios recogidos por la Misión de Verificación Independiente de Naciones Unidas, contó con agentes cubanos que “asesoran y participan” en el asedio contra opositores.
La cifra pone en blanco y negro lo que durante años se intentó vender como cooperación entre países hermanos. Detrás de esa narrativa hubo una cláusula de “pago mediante servicios” que dejó en la misma bolsa a médicos, maestros y asesores de inteligencia, sin auditoría real y sin transparencia para los venezolanos que terminaron financiando su propia subordinación política. El encubrimiento sirvió para maquillar una operación mucho más grave: exportar el modelo cubano de control social al corazón del Estado venezolano.
El reporte describe cómo ese diseño se profundizó a partir del Grupo de Coordinación y Enlace, creado tras la derrota electoral de Chávez en 2007 y formalizado en 2008 con un acuerdo entre los ministerios de defensa de ambos países. Desde ahí, Cuba ganó espacio para intervenir en la arquitectura de seguridad venezolana y moldear instituciones enteras según la doctrina del régimen: obediencia interna, persecución de la disidencia y desmantelamiento de partidos y organizaciones cívicas.
Los cambios de DISIP a SEBIN y de DIM a DGCIM, además de la incorporación de ZODI y REDI, aparecen en el documento como señales de una transformación dirigida desde La Habana. El DGCIM, en particular, habría sido rediseñado sobre el modelo del G2 cubano, con manuales de entrenamiento y protocolos de interrogatorio que ayudaron a consolidar un sistema de represión más eficaz y más cerrado. Esa maquinaria no surgió por accidente ni por improvisación; nació de una decisión política para blindar a la cúpula en el poder.
Las consecuencias humanas de ese pacto están a la vista. Desde 2014, más de 20.000 venezolanos y extranjeros han sido detenidos por cuerpos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia moldeados con influencia cubana, y muchos han sufrido torturas o han sido asesinados. Al mismo tiempo, millones salieron del país empujados por la crisis económica y humanitaria del chavismo, mientras seguían saliendo barriles de petróleo hacia Cuba. El saldo es brutal: un pueblo vaciado y otro aparato de control fortalecido.
Para Cuba, esta historia también importa. Confirma que el régimen no solo exporta propaganda y vigilancia; exporta método, doctrina y personal para sostener dictaduras afines. Para Venezuela, deja al descubierto el costo real de haber entregado recursos estratégicos a cambio de represión importada. Y para toda la región, el mensaje es claro: cuando un gobierno abre su soberanía a La Habana, el resultado suele ser el mismo aparato de control que por décadas asfixia a los cubanos.
El Miranda Center asegura que su reporte documenta nombres, fechas y mecanismos de esa ocupación política. Más allá del lenguaje diplomático con que durante años se disfrazó la alianza, la evidencia apunta a una relación directa entre petróleo y represión, entre riqueza nacional y obediencia impuesta. Ese es el verdadero precio de haber puesto el poder por encima de la libertad.
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