El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba reportaron en agosto de 2025 un récord histórico de 1.023 protestas, denuncias y acciones cívicas en la isla. El aumento estuvo marcado por apagones de hasta 30 horas, la escasez de agua potable y el deterioro de otros servicios básicos.
La categoría de servicios públicos encabezó el registro con 286 incidentes, según explicó a Martí Noticias el periodista Rolando Cartaya, especialista del OCC. Al menos cinco protestas vecinales relacionadas con electricidad y agua obtuvieron resultados parciales, aunque también derivaron en detenciones.
La inseguridad ciudadana duplicó los casos de julio y alcanzó 166 protestas o denuncias. El informe señala un incremento sostenido de víctimas de violencia social, criminal o de género: 12 en junio, 20 en julio y 28 en agosto. Se documentaron además 14 desapariciones y cinco incidentes con armas de fuego, uno de ellos mortal. Los robos subieron un 57 % respecto al mes anterior.
Las quejas vinculadas a la salud pública llegaron a 104. El informe subraya la contradicción entre la exportación de más de 600.000 profesionales cubanos a 165 países y la creciente escasez de médicos dentro de la isla. Los reportes también recogen el deterioro de hospitales, la falta de medicinas y denuncias de negligencia.
En el área de alimentación, inflación y agricultura se registraron 92 protestas. El OCC documentó casos extremos de hambre, como familias alimentándose con mangos en descomposición recogidos de la basura o ancianos pidiendo pan tras días sin comer. Mientras el salario medio mensual subió a 6.649 pesos (16 dólares), estimaciones independientes calculan que se requieren al menos 30.000 pesos per cápita solo para cubrir la dieta básica.
Los desafíos al control político sumaron 172 incidentes, entre ellos cacerolazos, bloqueos de calles, grafitis y acciones cívicas en redes sociales. El informe destaca el creciente contrapunto ciudadano frente a los intentos del régimen de reforzar su narrativa oficial.
Los actos represivos disminuyeron a 89, menos de la mitad de los 170 reportados en julio, aunque Cartaya advirtió que continúan en cárceles y tribunales, con más de 30 denuncias en esos espacios. Un médico denunció la negación deliberada de atención sanitaria a presos políticos.
El informe incluyó también problemas sociales graves: el éxodo poblacional, suicidios entre adolescentes, explotación laboral infantil, prostitución asociada a la crisis y endurecimiento de condenas por narcotráfico. En el ámbito de la vivienda, se contabilizaron 43 incidentes, en su mayoría por derrumbes tras lluvias. Al menos ocho colapsos dejaron dos muertos y ocho heridos.
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