A raíz de la exitosa y fulminante operación de extracción de Nicolás Maduro, expertos y analistas debaten si es posible o no que la siguiente sea la dictadura cubana. Ese escenario se ha avivado con la nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump declarando una emergencia nacional y estableciendo un proceso para imponer aranceles a los productos provenientes de países que venden o suministran petróleo a Cuba bajo la lógica de proteger la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos (EEUU) de las acciones, alianzas y políticas que promueve el régimen cubano.
En la isla, los cubanos viven días de extrema tensión, marcados por una grave crisis humanitaria –que no comenzó con la extracción de Maduro ni con las nuevas presiones de EEUU sino mucho antes– caracterizada por el colapso energético, el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, la crisis del sistema de salud y el abastecimiento de agua potable. Tampoco el gobierno dedicó el 100% del petróleo recibido de Venezuela, México y Rusia al bienestar de la economía y de la población. Alrededor del 60% del petróleo de Venezuela entre 2024 y 2025 fue rexportado a mercados asiáticos por Cuba Metales, una corporación asociada al conglomerado GAESA. El producto de estas ventas iba a parar a sus cuentas bancarias en paraísos fiscales. El 40% que quedaba en Cuba priorizaba las necesidades del aparato represivo y el sector turístico controlado por GAESA. Al final de esta lista estaban las necesidades energéticas de la población. Si a Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, la convencieron de que sus donaciones petroleras tenían una naturaleza humanitaria para auxiliar a la población cubana, la engañaron. La crisis humanitaria que algunos achacan al presidente Trump ya existía de antes de su llegada a la presidencia.
En un contexto de creciente crispación de la población, el gobierno cubano vive un clima de nerviosismo ante las señales que llegan de Washington. El endurecimiento drástico de la política estadounidense bajo la Administración Trump –incluido el anunciado castigo con tarifas comerciales al suministro petrolero que La Habana llama “bloqueo” como si los barcos estacionados frente a Venezuela estuviesen ahora cercando la isla– coincide con apagones casi totales, colas masivas por gasolina, cacerolazos nocturnos, movilizaciones militares (que sólo reflejan su inferioridad ante cualquier iniciativa estadounidense) y un refuerzo visible del aparato represivo.
Cuba sufre desde la segunda mitad de 2024 la peor crisis humanitaria estructural, generalizada y crónica bajo el dominio del régimen, una crisis que muestra una tendencia acelerada a agravarse. No se trata ya de una coyuntura económica adversa, sino del colapso simultáneo de los sistemas productivo, energético, sanitario y de provisión social básica, que ha colocado a amplios sectores de la población en condiciones de supervivencia. El Estado ha perdido de manera significativa su capacidad de gobernar y proveer servicios esenciales. Todos los indicadores clásicos de gobernabilidad muestran valores negativos y en deterioro constante: suministro eléctrico, acceso al agua potable, atención sanitaria, transporte, seguridad ciudadana, disponibilidad de alimentos y credibilidad institucional. Esta degradación –comenzada mucho antes de la acción militar de EEUU en Caracas y de las nuevas medidas que anuncia Washington para Cuba– se profundiza semana tras semana, sin señales de reversión.
Quizás lo más grave para la estabilidad del gobierno no sea la crisis económica per se, sino que el aparato de manipulación psicológica de la población ha perdido la capacidad de moldear la percepción ciudadana. El partido comunista ha enajenado a buena parte de sus militantes y a sus otrora bases de apoyo popular. En su inmensa mayoría los cubanos no creen ni en el partido ni en sus líderes, más bien los detestan, aunque se nieguen a declararlo por razones obvias ante un periodista extranjero. Los ancianos nonagenarios y octogenarios líderes de la línea dura, asentados en la cúpula de poder, han perdido el sentido de la realidad. Su mundo imaginario parece seguir anclado en la década de los 60. A esto se suma el estado de shock en el que han quedado, en especial los militares, ante la incapacidad de sus servicios de inteligencia y de protección personal para evitar la extracción de Maduro. Su derrota ha ridiculizado el discurso de atrincheramiento que tratan de imponer dirigentes como Miguel Díaz Canel y el canciller Bruno Rodríguez. Cuando el país apenas tiene petróleo para un período estimado entre seis y ocho semanas, todo indica que la parálisis absoluta y la eventual caída del régimen se tornan no sólo posible sino muy probable e incluso inminente: al inicio o mediados del verano.
Factores internos
El colapso económico es profundo y multisectorial. La deuda externa supera los 46.000 millones de dólares, las remesas han caído aproximadamente un 70%, los ingresos turísticos se han desplomado en un 68,15% respecto al período prepandemia y su desplome total parece inevitable en este año. Los ingresos por exportación de servicios médicos han descendido un 53,55%. La industria azucarera, históricamente estratégica, ha dejado de exportar y ahora se importa el azúcar necesario para el consumo interno. La inversión extranjera es prácticamente inexistente y la matriz energética se encuentra en estado de quiebra técnica, incapaz de generar el 40% de la electricidad diaria, aun antes de perder el petróleo de Venezuela.
El sistema de salud pública está en una situación de bloqueo funcional. En los últimos tres años han abandonado el país más de 70.000 profesionales sanitarios –médicos, enfermeras, técnicos y paramédicos–, lo que ha destruido su capacidad operativa, dejando a la población sin acceso a la atención médica básica. Los hospitales están colapsados, como muestra la situación epidemiológica. La gente prefiere quedarse en casa enferma antes de ir a morir a un hospital. La inversión en el sistema de salud (cerca del 2%) sigue siendo mínima mientras se priorizan las del turismo (más del 30%) pese al fracaso en atraer visitantes.
El Estado presenta rasgos avanzados de fragilidad institucional. Sus estructuras administrativas están desfasadas respecto a la realidad social, operan con ineficiencia extrema y han perdido capacidad de control efectivo. La élite gobernante ha dejado de ejercer la hegemonía ideológica: la mayoría de la población es hoy abiertamente disidente o se encuentra en una fase de ruptura pasiva con el sistema, como muestran las redes sociales. Internet ha explotado la burbuja informativa e ideológica que el partido comunista (PCC) impuso por décadas. La prensa independiente ha ganado la batalla de la narrativa a la controlada por el gobierno. Ya la gente no ve los noticieros de la TV nacional, ni lee periódicos oficiales como Granma y Juventud Rebelde, prefieren informarse por medios independientes como Diario de Cuba, Cubanet, 14yMedio, El Toque o Cibercuba, o bien ven los videos que sube el periodista Mario Pentón y otros más, que se hacen virales en las redes.
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