El Ministerio del Interior de Cuba (MININT) afirmó que la lancha interceptada el 25 de febrero frente a Cayo Falcones, en Villa Clara, transportaba 14 fusiles de asalto, 11 pistolas y más de 12.000 municiones de distintos calibres, además de diversos equipos militares, y que los ocupantes planeaban acciones violentas contra instalaciones militares.
Según el regímen, el operativo dejó cuatro muertos y seis heridos entre los ocupantes y un miembro de la Tropa Guardafronteras.
Pero registros públicos en Florida identifican la embarcación con matrícula FL7726SH como un Pro-Line de 24 pies, modelo 1981, un bote de pesca costera con consola central, diseñado para fines recreativos.
La capacidad de esta embarcación es limitada; transportar diez personas junto con armas, municiones, chalecos, equipo satelital, un dron, escopetas y otros materiales habría generado una sobrecarga importante, poniendo en riesgo su estabilidad y autonomía.
La propia versión oficial admite que la lancha estaba “sobrecargada”, lo que hace dudar de la viabilidad de la operación que describe el MININT.
El relato oficial indica que el intercambio de disparos ocurrió a unos 20 metros y que la lancha recibió 21 impactos, mientras la patrullera registró 13.
No se han presentado peritajes independientes ni evidencia técnica pública que confirme quién abrió fuego primero, ni que respalde el armamento mostrado en televisión.
La reconstrucción de los hechos también carece de información verificada sobre la partida de las embarcaciones desde Florida y sobre su trayectoria en aguas internacionales, datos que podrían ser confirmados por registros de la Guardia Costera estadounidense o radares civiles.
El jefe del Estado Mayor de las Tropas Guardafronteras mencionó que se mantuvo comunicación “casi en tiempo real” con autoridades estadounidenses, pero no existen confirmaciones oficiales desde la embajada de EE.UU. ni de agencias federales sobre este supuesto contacto.
La Fiscalía General de la República anunció posibles delitos con penas de hasta cadena perpetua o muerte, sin haber formalizado aún cargos ni publicado la evidencia que respalde tales imputaciones.
El incidente ocurrió en un contexto de fuerte tensión diplomática entre Washington y La Habana. Hasta el momento, la versión oficial se sustenta únicamente en comunicados estatales, sin acceso independiente a pruebas materiales, análisis balísticos ni testimonios verificables.
En un caso que dejó cuatro muertos y varios heridos, la información disponible resulta insuficiente para confirmar la narrativa del régimen, y la transparencia sigue siendo esencial para esclarecer lo ocurrido.
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