La mañana del 6 de febrero estuvo marcada en Holguín por un nuevo episodio de abuso policial. Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, vinculados al proyecto audiovisual independiente “El4tico”, fueron arrestados sin explicación legal válida, en un operativo que incluyó un allanamiento contrario a derecho.
De acuerdo con un video difundido posteriormente, funcionarios de la Seguridad del Estado irrumpieron en la vivienda de Medina, ubicada en el reparto Piedra Blanca, alegando poseer una orden de registro. Sin embargo, rehusaron mostrarla en el momento, afirmando que podría revisarse solo al concluir el procedimiento. Esta conducta viola de forma directa los requisitos básicos establecidos por la propia legislación cubana.
Tras la intervención policial, ambos jóvenes permanecieron varias horas sin que se informara su paradero, una práctica recurrente en detenciones de carácter político. Más tarde se confirmó que estaban retenidos en la unidad conocida como “Todo el mundo canta”, bajo control del Ministerio del Interior (MININT).
Desde el punto de vista legal, el operativo carece de sustento. La normativa vigente en Cuba exige que los registros domiciliarios se realicen con orden escrita, exhibida previamente y en presencia de testigos, y que toda detención esté respaldada por una causa específica y documentada. Ninguna de estas condiciones fue cumplida.
Además, un registro irregular no constituye base legal automática para privar de libertad a una persona, lo que refuerza el carácter arbitrario de lo ocurrido.
El contexto no es casual. Zayas y Medina son conocidos por su participación en “El4tico”, una plataforma audiovisual desde la cual han difundido análisis y contenidos críticos sobre la realidad social, económica y política del país. Todo indica que la acción policial responde más a su actividad cívica y comunicacional que a cualquier infracción real.
El caso vuelve a poner en evidencia el uso sistemático de los cuerpos de seguridad para intimidar, silenciar y castigar el pensamiento independiente, en abierta contradicción con la ley nacional y los estándares internacionales de derechos humanos.
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