El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema revisar dos demandas clave amparadas en el Título III de la Ley Helms-Burton: la presentada por Exxon Mobil contra las estatales cubanas CIMEX y CUPET, y la interpuesta por Havana Docks contra las navieras Carnival Corp., Royal Caribbean Group, Norwegian Cruise Line Holdings y MSC Cruises.
La petición del gobierno llega después de que el máximo tribunal pidiera su opinión sobre ambos procesos, lo que representa un paso adicional en un litigio que podría marcar un precedente decisivo. El abogado Nik Gutiérrez, que ha seguido de cerca los casos, subrayó a Martí Noticias que la intervención de Washington es “una gran noticia” y una señal de que la justicia podría avanzar en favor de los demandantes.
En su escrito, el Departamento de Justicia recalcó que Estados Unidos mantiene “intereses apremiantes en política exterior” para garantizar que los ciudadanos cuyos bienes fueron confiscados por el régimen comunista de Fidel Castro reciban compensación. También calificó de “errónea” la decisión del Tribunal de Apelaciones de Washington D.C., que en 2024 frenó la demanda de Exxon aplicando de manera restrictiva la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. En el caso de Havana Docks, el Departamento cuestionó igualmente el fallo que favoreció a las compañías de cruceros.
Sobre este último proceso, el documento del gobierno recordó que tras la llegada de Castro al poder en 1959, “el Gobierno de Cuba efectivamente se apoderó y pasaron a ser propiedad estatal” numerosos activos de ciudadanos estadounidenses, reclamaciones que Washington lleva más de seis décadas exigiendo compensar.
Para Gutiérrez, la postura oficial es de especial importancia para la comunidad cubanoamericana. Señaló además la influencia de figuras republicanas como el senador Marco Rubio, y destacó que durante la administración de Donald Trump abogados del más alto nivel ya habían elaborado sólidos argumentos en defensa de los demandantes.
La Corte Suprema deberá decidir en los próximos meses si acepta escuchar ambos casos, cuyas resoluciones podrían redefinir el alcance del Título III de la Helms-Burton y abrir un camino a nuevas reclamaciones contra el Estado cubano y contra compañías extranjeras que operan con propiedades expropiadas en la isla.
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