Tres activistas venezolanos —Mario José de Nigris León, Jhon Manuel Cáceres Morillo y Laura Angélica García Contreras— iniciaron el 31 de agosto de 2025 una huelga de hambre frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos. Con esta protesta exigen que la CPI acelere la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro desde al menos 2014. Los manifestantes denuncian la impunidad estructural que ha permitido la continuidad de estas violaciones sin consecuencias legales.
Desde la apertura formal de la investigación en noviembre de 2021, no se ha emitido ninguna orden de captura contra altos funcionarios del régimen chavista. Esta inacción judicial ha generado frustración entre las víctimas y sus familias, que reclaman respuestas concretas. La protesta busca además visibilizar la situación de los presos políticos, las desapariciones forzadas y las torturas infligidas a los opositores. Los huelguistas transmiten en vivo cada momento de su acción a través de Instagram, con el objetivo de mantener la presión sobre la CPI y la comunidad internacional.
La causa contra el régimen venezolano en la CPI se originó tras una remisión presentada en septiembre de 2018 por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. A esta iniciativa se sumaron Uruguay en 2024 y Ecuador en enero de 2025. En 2020, la Fiscalía determinó que existían bases razonables para considerar que se habían cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente en el marco de detenciones arbitrarias y persecuciones políticas, lo que condujo a la apertura formal de la investigación en 2021.
Los huelguistas denuncian que en La Haya se les está negando de manera sistemática el acceso a servicios básicos como el suministro eléctrico y la atención médica, incluso por parte de organizaciones internacionales como la Cruz Roja. Cada jornada de ayuno representa un acto de resistencia ante la desprotección de los ciudadanos y un llamado urgente a la comunidad internacional para que actúe con eficacia. La ONG Stichting Venezolaanse Vluchtelingen, que acompaña la protesta, subrayó que los manifestantes desafían el dolor y el agotamiento físico para exigir la orden de captura inmediata de Nicolás Maduro, señalado por el tribunal como responsable de crímenes de lesa humanidad.
Entre las motivaciones de la huelga figura también el caso Gedeón y el de los militares desaparecidos, en el que se documentaron torturas físicas, desapariciones forzadas y la retención de los cuerpos de miembros del ejército que la tiranía se negó a entregar a sus familias. Estos hechos evidencian la magnitud de las violaciones de derechos humanos y la impunidad que persiste en el país. Los huelguistas buscan visibilizar estas atrocidades, ocultas bajo la represión sistemática, y exigir justicia para las víctimas de la represión militar y política.
El contexto de la huelga abarca también la compleja situación interna de la CPI, marcada por la separación del fiscal jefe Karim Khan del caso Venezuela debido a posibles conflictos de interés, lo que ha generado incertidumbre sobre la continuidad y eficacia de la investigación. En su lugar, el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang asumió la responsabilidad de dirigir el proceso, con el compromiso de garantizar que la pesquisa sobre los crímenes del régimen chavista prosiga pese a la crisis institucional. Los huelguistas denuncian que la inacción de la fiscalía prolonga la impunidad y deja sin protección legal a miles de víctimas.
El régimen de Maduro, señalado por detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y desapariciones, se mantiene firme en su control autoritario mientras la comunidad internacional observa con creciente preocupación. La huelga de hambre en La Haya se erige así en un acto de presión moral y política, en el que los manifestantes reclaman no solo justicia para los presos políticos y los desaparecidos, sino también el fin de un gobierno acusado de narcotráfico y de cometer crímenes sistemáticos contra su propia población.
A 24 horas de iniciada la protesta, los huelguistas continúan transmitiendo en vivo los efectos físicos de su ayuno, la negación de servicios básicos como la electricidad y la asistencia médica, así como el desarrollo de sus exigencias. Cada minuto de abstinencia es un recordatorio de la urgencia de actuar contra un régimen que ha hecho de la represión, la corrupción y el narcotráfico su forma de gobierno, y un llamado a la Corte Penal Internacional para que intervenga sin dilación.
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