Lo que se pretende es que no ocurra. El objetivo es el mismo, el fin, no solo del gobierno de Maduro sino del régimen castrochavista, pero se hace en forma tal que el propósito es máxima presión, pero en lo posible, evitar una acción militar que se prolongue en el tiempo, y si ocurre, que sea de entrada y salida.
¿Es algo nuevo? ¿Una aplicación de la “Doctrina Trump” del uso de la fuerza militar? ¿Una decisión solo para Venezuela que persigue su adaptación a la legislación existente para este tipo de casos?
Me explico.
El primer paso fue la declaración que decía que el gobierno era ilegítimo, ya no más una coalición política, sino un instrumento bajo control de la delincuencia organizada transnacional, el segundo, fue definirlo como un Cartel del narcotráfico, el de Los Soles, cuyo líder era Maduro, a quien se le duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura, estrategia que diera resultado en casos como el de Sadam Husein. El tercer paso se hizo presente cuando se señaló públicamente que el grupo en el poder era, además, un grupo terrorista que desarrollaba una guerra híbrida contra EEUU por distintas vías tales como alianza con Irán y Hezbollah, inmigración masiva ilegal, ser uno de los principales abastecedores de cocaína, utilización del Tren de Aragua como recurso delincuencial contra la potencia.
El cuarto paso fue de igual o aun mayor importancia, el presidente Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, la fiscal general Pamela Bondi, la directora de Seguridad Nacional Kristi Noem, todos quienes tienen algo que decir en este tema han declarado públicamente que Venezuela no tenía presidente, sino que desde el 28 de julio del año pasado, Maduro además de un prófugo de la justicia, era un usurpador después que se robara esa elección, cumpliendo así con la que era y es un requisito legal para poder hacer lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque desde Reagan hay una directiva presidencial que dice que EEUU no puede actuar contra gobiernos legítimamente electos, consecuencia de las recomendaciones del Comité Church, que en 1975-76 revisó en el Senado la intromisión de Washington en la política interna de Chile como también pasó revista a operaciones de inteligencia que incluyeron intentos de asesinatos contra líderes extranjeros, lo que después se reflejó en diversas decisiones políticas.
Es, por lo tanto, un requisito legal para la intervención de la Casa Blanca, lo que se unió a otra declaración de la mayor importancia, Terry Cole, el director de la DEA (la Administración de Control de Drogas) acusó a la dictadura de colaborar con el ELN y las FARC para enviar droga a EEUU, por lo que la definición de Venezuela como un narcoestado en alianza con la guerrilla colombiana tampoco es algo menor, sino de la máxima relevancia por la cantidad de resoluciones y dineros destinados a combatir guerrilla y narcotráfico vía el Plan Colombia, donde entre el 2001 y el 2016, sobre USD 10.000 millones en ayuda fueron entregados, solo superado por Israel en esos años, además que Petro ha hecho mucho por enemistar a la Casa Blanca, unido a otra advertencia importante, la hecha a ciudadanos y residentes de EEUU. para que no viajen a Venezuela por el riesgo de detención ilegal o secuestro, basado en antecedentes reales donde ciudadanos estadounidenses han sido encarcelados solo para extraer concesiones de Washington.
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