Alejandro Morales Pereira, activista de Encrucijada, Villa Clara, permanece detenido desde el pasado 19 de febrero en la Unidad Provincial de Instrucción Penal y Operaciones (UPICO), tras ejercer lo que en cualquier país democrático sería un derecho constitucional: manifestarse pacíficamente.
La detención se produjo después de que Morales Pereira realizara una transmisión en vivo a través de redes sociales mientras recorría las calles de su pueblo exigiendo la liberación de los presos políticos y denunciando la oleada represiva que azota la isla. Durante su manifestación solitaria pero valiente, el activista confrontó a una funcionaria del Partido Comunista de Cuba (PCC), quien evitó responder sobre el encarcelamiento arbitrario de manifestantes, evidenciando la incapacidad del régimen para justificar sus acciones ante cuestionamientos directos.
Juan Carlos González Valdés, padrastro del detenido, confirmó a medios independientes que las autoridades no tardaron en reaccionar con la severidad característica de un sistema que no tolera la disidencia. Actualmente, Morales Pereira enfrenta cargos por «desobediencia» y «propaganda contra el orden constitucional», eufemismos legales que el régimen utiliza para criminalizar la libre expresión.
La situación se agrava con la intención de la Fiscalía Provincial de imponerle prisión provisional, lo que significaría su traslado inmediato a la cárcel de La Pendiente mientras espera un juicio que, como es habitual en estos casos, carece de garantías procesales básicas y está predeterminado por directrices políticas.
El control y la intimidación se extienden también a su entorno familiar. Según reportes, sus seres queridos solo han podido visitarlo durante 15 minutos, bajo la atenta mirada de agentes de la Seguridad del Estado que impiden cualquier conversación sobre las circunstancias de su caso, una táctica diseñada para aislar a los presos políticos y quebrar su resistencia.
El caso de Morales Pereira se suma a la creciente lista de represaliados en Encrucijada, municipio que se ha convertido en símbolo de resistencia desde las protestas masivas del 7 de noviembre pasado, cuando cientos de ciudadanos salieron espontáneamente a las calles hastiados por los prolongados apagones y la crisis generalizada que atraviesa el país.
Según datos de la organización independiente Justicia 11J, al menos nueve personas permanecen encarceladas por participar en aquellas manifestaciones pacíficas, en un claro mensaje del régimen hacia quienes contemplen seguir ese camino: la disidencia, por pacífica que sea, será castigada con cárcel.
Esta nueva detención confirma que, a pesar de la retórica oficial sobre «apertura» y «diálogo», el manual de actuación del régimen sigue siendo el mismo que ha aplicado durante más de seis décadas: reprimir cualquier voz discordante y castigar ejemplarmente a quienes desafían la narrativa oficial.
En Cuba, donde la constitución impuesta por el régimen reconoce formalmente derechos que en la práctica son negados sistemáticamente, pedir libertad y respeto a los derechos humanos sigue siendo un acto de valentía que se paga con la privación de libertad, en una paradoja que define la naturaleza del sistema represivo que gobierna la isla.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y gobiernos democráticos han expresado su preocupación por la continua violación de libertades fundamentales en Cuba, exigiendo la liberación inmediata de Morales Pereira y de todos los presos políticos que permanecen en las cárceles cubanas por el simple hecho de ejercer derechos reconocidos universalmente.
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