El anuncio del gobierno cubano sobre la liberación de 553 presos, presentado como un gesto humanitario negociado con el Vaticano el pasado 14 de enero, ha resultado ser en gran medida un engaño, según revela un detallado informe de la organización independiente Prisoners Defenders.
«No se trata de una liberación real», declaró este martes a Martí Noticias el abogado Javier Larrondo, presidente de la organización, desde España.
De los 1,161 prisioneros políticos documentados por la ONG a finales de 2024 -931 en prisión y 230 bajo arresto domiciliario-, apenas 200 han sido transferidos a un régimen de confinamiento domiciliario bajo condiciones extremadamente restrictivas.
Estas supuestas liberaciones vienen acompañadas de amenazas explícitas de retorno a prisión si los beneficiarios no cumplen con una serie de condiciones draconianas. Los excarcelados están sometidos a un virtual estado de prisión en sus propios hogares: no pueden abandonar su ciudad de residencia, están obligados a realizar trabajos forzosos asignados por la Seguridad del Estado, tienen prohibido expresarse en redes sociales o hacer declaraciones a la prensa, y se les impide cualquier contacto con organizaciones de derechos humanos.
La lista de restricciones continúa: no pueden realizar ninguna actividad relacionada con derechos humanos, defender a otros presos políticos o mostrar críticas públicas al gobierno, acciones que el régimen cataloga como «contrarrevolucionarias». Incluso se les ha prohibido viajar fuera de Cuba o realizar trámites consulares, llegando al extremo de impedirles continuar los procesos de solicitud de nacionalidad española, una vía que muchos ven como su única esperanza de libertad.
El informe de Prisoners Defenders sugiere que el régimen cubano manipuló deliberadamente las cifras, incluyendo presos comunes para inflar el número total de beneficiarios y dar una imagen más favorable de la medida. Más revelador aún es el hecho de que el 94% de los excarcelados ya deberían haber recibido beneficios penitenciarios desde enero, y 31 de ellos deberían estar en completa libertad según las propias leyes cubanas.
«Estas condiciones draconianas son, sin duda, una burla del régimen cubano al proceso de negociación con el Vaticano y a la propia institución católica», denunció Larrondo. «Es la constatación del nulo sentido de culpabilidad y reparación del que el régimen carece tras haber encarcelado y torturado a más de 1,801 presos políticos inocentes de sus cargos presentes en sus cárceles».
La revelación de estas condiciones restrictivas pone en evidencia la naturaleza propagandística del anuncio inicial del gobierno cubano y plantea serias dudas sobre la sinceridad del régimen en sus negociaciones con el Vaticano. Mientras La Habana presenta estas medidas como un gesto de apertura y humanidad, la realidad que experimentan los supuestos beneficiarios revela un sistema que mantiene su férreo control sobre las libertades fundamentales, ahora extendiendo las rejas de la prisión hasta los hogares de los disidentes.
El caso subraya una vez más los métodos del gobierno cubano para manipular la opinión internacional mientras mantiene su represión interna, utilizando incluso instituciones respetadas como el Vaticano para legitimizar acciones que, en la práctica, perpetúan la violación de derechos humanos bajo una fachada de clemencia.
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