En un paso significativo hacia la rendición de cuentas, la exjueza cubana Melody González Pedraza compareció esta semana ante un tribunal de inmigración en el sur de Florida, donde se evalúa su posible deportación de Estados Unidos. González está señalada por su presunta participación directa en actos de represión política durante su tiempo como presidenta del Tribunal Municipal de Encrucijada, en Villa Clara, Cuba.
La exfuncionaria llegó al país en mayo de 2024 bajo el programa de parole humanitario, pero desde entonces ha permanecido detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la espera de la resolución de su caso. La audiencia final ha sido programada para el próximo 8 de mayo.
Durante la más reciente sesión del proceso, la organización Cuba Demanda presentó pruebas documentales y testimonios que vinculan a González con sentencias judiciales presuntamente manipuladas contra jóvenes cubanos por supuestos delitos políticos. El abogado Santiago Alpízar, presidente de la organización, sostuvo ante el tribunal que González fue instrumento activo de la represión del régimen comunista cubano.
Uno de los momentos más contundentes del proceso fue la presentación de una declaración firmada por dos juezas que integraban el mismo tribunal que González. En dicho documento, ambas aseguran que no participaron en la deliberación del caso ni aprobaron las condenas, negando así su responsabilidad y apuntando directamente a la exjueza como la autora material de las sentencias.
Además, testigos presenciales, como el ciudadano Samuel Rodríguez, acudieron a la audiencia portando camisetas con los rostros de jóvenes condenados, en un acto simbólico que evocó la memoria de quienes, aseguran, fueron víctimas de decisiones judiciales injustas. Rodríguez insistió en que González intenta ahora reinventarse como figura religiosa, pero que su pasado reciente y su rol dentro del aparato judicial castrista son imposibles de borrar.
Organizaciones de derechos humanos como la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) y Cubalex han incluido a González en sus listas de represores y han alertado sobre la presencia creciente de funcionarios del régimen en territorio estadounidense. Según datos de la FDHC, más de 115 exfuncionarios con historial represivo han ingresado al país en el último año, muchos amparados por mecanismos de entrada especiales como el parole humanitario.
A pesar de haber presentado una defensa basada en el argumento de obediencia debida, el historial ideológico de González, su lenguaje judicial, y su vínculo directo con la Seguridad del Estado han sido elementos clave para sostener el proceso en su contra.
La comunidad del exilio cubano sigue de cerca el caso como un ejemplo de la importancia de aplicar mecanismos de justicia transicional que impidan la impunidad de quienes actuaron al servicio de regímenes represivos. La decisión del juez migratorio se conocerá el 8 de mayo, en lo que podría marcar un precedente clave en la política estadounidense hacia represores del régimen cubano que han intentado establecerse en el exilio.
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