
El régimen ha eliminado los exámenes de ingreso para estudiar Medicina. A partir del próximo curso, estudiantes de onceno grado con promedios superiores a 90 puntos podrán matricular directamente en la carrera, sin necesidad de someterse a las tradicionales pruebas de acceso a la educación superior. La medida, anunciada por la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, ha sido recibida con rechazo generalizado por la población, que la interpreta como una confirmación del colapso estructural del sistema sanitario y educativo en Cuba.
La decisión revela el apuro del Estado por captar nuevos estudiantes de medicina en un contexto de déficit crítico de personal sanitario. Sin embargo, en lugar de elevar la exigencia académica o mejorar las condiciones laborales de los profesionales existentes, el régimen opta por desmontar el sistema de selección y rebajar la vara educativa. El deterioro de la formación médica ya es un hecho palpable, agravado ahora por la implementación de medidas que oficializan la mediocridad como norma.
Esta política no puede entenderse de manera aislada. Desde 2022, el país ha perdido más de 13.000 médicos, según datos oficiales de la propia Oficina Nacional de Estadísticas e Información. El régimen no solo no ha hecho nada para detener esta sangría, sino que la ha promovido activamente como parte de su estrategia de exportación de servicios médicos. Más de 37.000 galenos cubanos fueron enviados al extranjero en 2023 como parte de las llamadas “misiones médicas”, un mecanismo de explotación laboral ampliamente denunciado por organismos internacionales. Los médicos trabajan fuera de la isla bajo estricta vigilancia, con sus pasaportes retenidos y sin recibir más que una fracción del salario que cobran los gobiernos receptores. La ONU, la OEA y múltiples parlamentos en América y Europa han calificado este sistema como una forma moderna de trata de personas.
Mientras tanto, en los hospitales cubanos escasean los recursos, las salas están colapsadas y los profesionales que quedan enfrentan turnos extenuantes en condiciones de abandono. La población enferma no solo debe esperar semanas para una consulta, sino que muchas veces debe llevar los insumos médicos desde su casa si quiere ser atendida. En medio de este panorama, el régimen decide eliminar los filtros académicos, no como un acto de inclusión, sino como una respuesta desesperada a la fuga masiva de médicos y a su propia incapacidad para garantizar servicios básicos.
El desmantelamiento del ingreso universitario en Medicina es un síntoma más del modelo fallido. No se trata de formar más médicos, sino de fabricar mano de obra funcional que pueda cubrir de inmediato los vacíos dejados por la migración o ser utilizada como moneda de cambio en acuerdos internacionales. Con esta decisión, el régimen sacrifica la calidad de la educación y la integridad de la profesión médica para sostener un negocio que se ha vuelto esencial para su supervivencia económica.
Lo que una vez fue una carrera de prestigio, hoy se reduce a una línea de producción improvisada. El resultado no será una mejora del sistema de salud, sino su hundimiento definitivo. En el intento de resolver la crisis, el régimen confirma que no le importa la formación médica ni la salud de los cubanos, sino únicamente preservar los ingresos que genera la exportación forzada de sus profesionales de la salud.
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