Cerca de 550,000 cubanos en Estados Unidos podrían enfrentar la deportación tras la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar el programa de parole humanitario que beneficiaba a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), también suspende permisos de viaje pendientes, el respaldo de patrocinadores (I-134A) y la autorización de empleo derivada del parole.
Desde el inicio del programa en 2023 hasta julio de 2024, aproximadamente 110,000 cubanos fueron aprobados para viajar a EE.UU. bajo este permiso humanitario. De ellos, unos 70,000 lograron ingresar al país, pero ahora podrían ser expulsados si no obtienen otra base legal para permanecer. El DHS ha advertido que estos beneficiarios deberán abandonar el país en un plazo de 30 días o enfrentarán procedimientos de deportación acelerada.
Además, cerca de 400,000 cubanos se encuentran en EE.UU. con un documento I-220A, otorgado en puntos fronterizos bajo libertad supervisada, pero sin una admisión formal al país. Muchos de ellos esperan la resolución de sus solicitudes de asilo político, aunque la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado la supervisión de estos casos, incluyendo visitas domiciliarias y citaciones más estrictas.
A estos grupos se suman más de 42,000 cubanos con órdenes de deportación activas, quienes poseen un documento I-220B emitido por un juez de inmigración del Departamento de Justicia. Aunque siguen en el país, podrían ser expulsados en cualquier momento.
La cancelación del parole también afecta a miles de cubanos que habían iniciado su proceso de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano. Desde febrero de este año, el gobierno estadounidense suspendió el procesamiento de solicitudes de residencia para los beneficiarios del parole humanitario, dejando a muchos en un limbo legal.
El DHS justifica la eliminación del programa argumentando que no logró reducir la inmigración ilegal ni mitigar suficientemente sus efectos en EE.UU. También señala que el parole es una medida temporal y que, una vez cumplida su función, los beneficiarios deben abandonar el país. Según datos oficiales, desde la implementación del programa hasta enero de 2025, más de 532,000 extranjeros de las cuatro nacionalidades recibieron autorización anticipada para viajar a EE.UU. Sin embargo, el DHS sostiene que el programa no cumplió sus objetivos y creó dificultades adicionales en materia de seguridad y recursos públicos.
El gobierno de Trump ha dejado claro que tomará medidas inmediatas para deportar a quienes permanezcan en EE.UU. sin un estatus migratorio regular. Se han reforzado controles en puertos y fronteras para garantizar el cumplimiento de esta normativa, que entrará en vigor oficialmente el 25 de marzo de 2025.
Be the first to comment