El régimen ha aprobado un nuevo paquete de beneficios económicos dirigido exclusivamente al alto mando militar, a pesar del colapso social que azota al país. Mediante el Decreto-Ley 105/2025, publicado en la Gaceta Oficial, el régimen refuerza el blindaje financiero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), incrementando las pensiones de sus retirados e introduciendo excepciones que superan incluso el techo establecido por la propia legislación.
Mientras los ancianos cubanos hacen colas interminables por medicinas, sobreviven sin energía eléctrica estable y reciben pensiones que apenas alcanzan para unos días de subsistencia, los militares —pilares del sistema autoritario— son nuevamente recompensados con fondos públicos.
El texto jurídico concede hasta el 90 % del salario como pensión, con beneficios adicionales para quienes acumulen 50 años o más de servicio activo, o 45 años reincorporándose luego de su retiro. Esta fórmula de cálculo, detallada en los artículos 10 y 22 del decreto, privilegia a un sector con larga trayectoria dentro de la estructura represiva.
Aún más polémica resulta la posibilidad de combinar salario y pensión. El artículo 56 habilita a los oficiales retirados a reincorporarse al servicio activo con autorización ministerial, manteniendo intactos sus ingresos de jubilación. En la práctica, este mecanismo legaliza el doble ingreso para los militares, una prerrogativa que no se concede a los trabajadores civiles.
El decreto también refuerza los mecanismos de control sobre pensionados por invalidez y beneficiarios tras fallecimientos, estableciendo que la falta de exámenes médicos o de trámites de tutela dentro de los plazos señalados puede suspender los pagos. Estas restricciones, incluidas en el artículo 60, impactan especialmente a los más vulnerables.
Este reajuste de pensiones ocurre mientras el país se hunde en una crisis sin precedentes. Los apagones son diarios, los hospitales están desabastecidos, los precios suben sin freno y el peso cubano se devalúa semana tras semana. Lejos de atender el deterioro social generalizado, el castrismo opta por proteger a quienes garantizan el control vertical del país: los uniformados.
A lo largo de más de seis décadas, las Fuerzas Armadas no solo han sido custodios del poder, sino también sus principales beneficiarios. El nuevo decreto ratifica esta jerarquía. Mientras el pueblo se empobrece y la nación se vacía, la élite militar sigue cobrando sus recompensas por asegurar la continuidad del régimen.
1 Trackback / Pingback