La jueza cubana Melody González Pedraza, quien formó parte del sistema judicial bajo el régimen cubano, enfrenta una orden oficial de deportación emitida por las autoridades migratorias de Estados Unidos, según datos registrados en el sistema de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EOIR).
La decisión fue tomada el 21 de mayo de 2025 por un juez de inmigración en Pompano Beach, Florida, tras un seguimiento que se extendió por casi un año. De acuerdo con los registros públicos, González Pedraza no tiene audiencias futuras programadas, y la fecha límite para presentar una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración es el próximo 20 de junio.
Durante su trayectoria en Cuba, González Pedraza se desempeñó como jueza penal y ha sido señalada por su participación en procesos judiciales considerados arbitrarios por diversas organizaciones de derechos humanos. Testimonios recopilados por medios como Martí Noticias, junto con informes de exiliados cubanos, la vinculan a decisiones judiciales relacionadas con causas políticas, bajo la supervisión de la Seguridad del Estado.
Al llegar a Estados Unidos, la exfuncionaria solicitó protección migratoria alegando temor a persecución en su país de origen. Sin embargo, su pasado ha generado rechazo entre la comunidad del exilio cubano y sectores dedicados a la defensa de la justicia transicional. Aunque no ha ofrecido declaraciones públicas recientes, González Pedraza reconoció haber actuado bajo presión del Partido Comunista en la condena de cuatro jóvenes, quienes aún permanecen en prisión.
La orden de deportación ha sido recibida con diferentes reacciones. Algunos opositores cubanos residentes en Estados Unidos ven en esta medida un precedente importante para impedir que personas vinculadas a actos represivos utilicen el sistema migratorio para residir en el país. “La justicia aquí debe ser para quienes han sido reprimidos, no para quienes participaron en esas acciones”, comentó Samuel Rodríguez, activista de derechos humanos en Florida.
Organizaciones como Archivo Cuba y Prisoners Defenders han documentado el uso del sistema judicial cubano como mecanismo para la persecución política, identificando a jueces como González Pedraza como parte del entramado que criminaliza la disidencia.
A pesar de la orden, la exjueza aún tiene la posibilidad de presentar una apelación. De no hacerlo o si la apelación es rechazada, deberá abandonar el país o enfrentar una deportación forzada, según explicó el abogado Wilfredo Allen a Martí Noticias.
Este caso se suma a una lista creciente de exfuncionarios y agentes del régimen cubano que han llegado a Estados Unidos solicitando protección, mientras ocultan su participación en presuntas violaciones de derechos humanos. Esta realidad ha impulsado a las autoridades migratorias a implementar filtros más rigurosos para evitar que personas implicadas en actos represivos accedan a beneficios migratorios.
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