Durante más de sesenta años, el encarcelamiento político en Cuba ha afectado a más de medio millón de personas, generando una profunda crisis humanitaria que atraviesa generaciones enteras. Actualmente, el país ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en número de presos políticos, solamente superado por Venezuela, con 1,117 personas tras las rejas por motivos políticos, entre ellas 120 mujeres y 30 menores de edad.
Resulta paradójico que el régimen actual, firme opositor a una Ley de Amnistía para liberar a quienes han sido injustamente encarcelados por ejercer sus derechos, deba precisamente su existencia a una legislación similar.
En mayo de 1955, una Ley de Amnistía permitió la liberación de Fidel y Raúl Castro después de sus violentos ataques al cuartel Moncada. La distinción es clara: mientras aquellos fueron liberados tras actos de violencia, los prisioneros políticos actuales están encarcelados por manifestaciones pacíficas y expresión de ideas.
Las familias denuncian condiciones carcelarias deplorables: torturas, aislamiento, violencia sexual, golpizas, falta de alimentación adecuada y denegación sistemática de atención médica. El caso emblemático de José Daniel Ferrer, detenido arbitrariamente desde 2021, ilustra esta realidad: ha soportado aislamiento y casi dos años sin visitas familiares simplemente por rechazar el exilio y mantener su compromiso con la lucha por la libertad en Cuba.
Miles más permanecen encarcelados bajo figuras legales arbitrarias como la «peligrosidad social precriminal», mecanismo que permite detener preventivamente a personas sin haber cometido delito alguno, basándose en la mera posibilidad de «conductas antisociales».
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) impulsa una iniciativa de Ley de Amnistía que busca extinguir responsabilidades penales y eliminar antecedentes derivados de delitos por motivaciones políticas. Anunciada inicialmente en febrero de 2022, la propuesta enfrentó obstáculos legales deliberadamente impuestos por el régimen, pero fué relanzada en dixiembre del pasado año durante el Día de los Derechos Humanos.
Los impedimentos legales son formidables: la Constitución de 2019 exige 10,000 firmas para la consideración de un proyecto ciudadano, mientras que la Ley 131 requiere certificaciones del Consejo Electoral Nacional en La Habana, requisito prácticamente imposible para ciudadanos de provincias cuyos gastos de viaje exceden ampliamente el salario mensual promedio.
Las naciones democráticas tienen la responsabilidad de condicionar sus relaciones con el régimen cubano a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, no mediante exilio forzoso sino como ciudadanos libres con pleno derecho a permanecer en su país y participar pacíficamente en la construcción de una sociedad democrática.
| La preocupación de la familia se intensificó cuando, hace siete días, recibieron un mensaje del joven preso político en el que aseguraba temer por su vida.
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