La criminalidad en Cuba registró un repunte alarmante en 2025, de acuerdo con el Informe de Inseguridad Pública 2025 elaborado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), una iniciativa vinculada al centro de análisis Cuba Siglo 21. El estudio documenta 2.833 hechos delictivos verificados a lo largo del año, lo que supone un incremento del 115 % en comparación con 2024 y de más del 336 % respecto a 2023.
El OCAC aclara que las cifras no representan la totalidad del fenómeno delictivo, ya que el Estado cubano no publica estadísticas oficiales accesibles ni auditables. El informe se basa en la recopilación sistemática de denuncias y reportes difundidos en redes sociales, medios independientes y otras fuentes públicas, posteriormente verificados por el equipo investigador.
Los robos encabezan la lista de delitos más comunes, con 1.536 incidentes registrados. Dentro de esta categoría destacan los casos de hurto y sacrificio ilegal de ganado, una práctica que el informe vincula directamente al agravamiento de la crisis alimentaria y al deterioro de las condiciones de vida. Paralelamente, se observa un aumento de asaltos, agresiones y otras formas de violencia, lo que indica una criminalidad más diversa y agresiva.
Por primera vez, el informe analiza de manera independiente los delitos asociados a las drogas, que en 2025 sumaron 437 reportes. Estas actividades —producción, tráfico y consumo— se concentran principalmente en La Habana, Granma y Holguín, y afectan de forma especial a jóvenes y sectores socialmente vulnerables.
En cuanto a los homicidios, el documento señala una reducción moderada en relación con años previos: se contabilizaron 152 casos, un 8,9 % menos que en 2024 y un 22,8 % menos que en 2023. Sin embargo, el impacto social sigue siendo elevado. En total, 173 personas murieron de forma violenta, entre ellas 48 mujeres víctimas de feminicidio, una cifra que mantiene encendidas las alarmas sobre la violencia de género.
El OCAC concluye que la inseguridad en la Isla no solo aumenta en volumen, sino que se extiende territorialmente y genera un daño social creciente. El informe atribuye esta tendencia a causas estructurales como el colapso económico, la fragilidad institucional y la ausencia de políticas públicas eficaces para la prevención del delito.
Mientras tanto, subraya el documento, el Ministerio del Interior prioriza el control político y la represión de la disidencia, desviando recursos que deberían destinarse a la protección ciudadana y al enfrentamiento real de la delincuencia común.
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