El gobierno de Estados Unidos lanzó este martes una contundente advertencia pública a los inversores internacionales sobre los riesgos de hacer negocios en Cuba, denunciando que el sistema económico de la isla no responde a principios de libre empresa, sino a un modelo amañado para beneficiar exclusivamente a la cúpula del poder y sus allegados.
“Cuba no está abierta para los negocios — está amañada para los compinches del régimen”, sentenció la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado a través de su cuenta oficial en X (@WHAAsstSecty).
Según el comunicado, el régimen obliga a las compañías extranjeras a establecer empresas mixtas en las que el Estado se apropia de al menos el 60 % de las ganancias. El porcentaje restante queda congelado y rara vez es transferido a los socios internacionales. Washington también denuncia un historial sostenido de impagos, manipulación contractual y prácticas económicas que desalientan toda inversión seria.
La advertencia señala que el verdadero freno al desarrollo de Cuba no son las sanciones estadounidenses, sino el entramado de corrupción interna, la opacidad institucional y la manipulación del mercado por parte de un régimen que ha hecho del clientelismo su columna vertebral.
“El dinero no huye de Cuba por culpa del mundo exterior. Lo espanta la corrupción del régimen”, reitera el comunicado.
Este pronunciamiento coincide con la publicación de un informe del Departamento de Estado que responsabiliza directamente a los gobiernos de Cuba y Venezuela por las crisis económicas que atraviesan, producto —según el documento— de décadas de autoritarismo, mala gestión y saqueo institucionalizado.
En el caso específico de Cuba, se subraya que en 2024 el régimen destinó más del 37 % de su inversión nacional al sector turístico, mientras que sectores críticos como salud y educación recibieron fondos mínimos. A pesar de la baja ocupación hotelera y la profunda crisis que vive la población, el gobierno continúa priorizando la construcción de hoteles y complejos turísticos controlados por conglomerados militares como GAESA, lo cual, advierte el informe, podría derivar en la privatización de activos clave en beneficio de la élite gobernante.
Aunque el régimen de La Habana aún no ha respondido oficialmente al nuevo pronunciamiento, se anticipa que recurrirá a su habitual retórica sobre el “bloqueo”, culpando a Estados Unidos de intentar sabotear su economía e impedir relaciones comerciales legítimas.
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