El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció en Miami la reactivación de una investigación criminal relacionada con el derribo de dos avionetas civiles pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996. El ataque provocó la muerte de cuatro hombres vinculados al exilio cubano y ha permanecido durante casi tres décadas como uno de los reclamos de justicia más persistentes dentro de la comunidad cubanoamericana.
Durante una comparecencia ante la prensa, Uthmeier explicó que el objetivo es avanzar hacia una determinación judicial que establezca responsabilidades por la operación militar que terminó con la destrucción de las aeronaves. La investigación vuelve a poner bajo escrutinio a Raúl Castro, quien en aquel momento dirigía las Fuerzas Armadas del régimen cubano.
El funcionario subrayó que las autoridades estatales y federales mantienen coordinación para revisar el caso. Señaló que cualquier agresión contra ciudadanos de Florida debe ser evaluada dentro del marco legal correspondiente. Según indicó, la colaboración con el gobierno federal permitirá examinar nuevamente las evidencias disponibles y determinar posibles pasos judiciales.
Las víctimas del ataque fueron los pilotos estadounidenses Mario de la Peña, Carlos Costa y Armando Alejandre Jr., junto al residente legal Pablo Morales. Todos tenían raíces cubanas y participaban en misiones de la organización con base en Miami.
La operación aérea fue ejecutada por cazas del régimen cubano, que justificó el derribo alegando que las aeronaves violaban su espacio aéreo y participaban en actividades hostiles. Sin embargo, Hermanos al Rescate desarrollaba en esa etapa labores de carácter humanitario. Sus vuelos se concentraban en localizar balseros cubanos en el estrecho de Florida para alertar a las autoridades y facilitar su rescate.
El caso ha marcado profundamente a la comunidad cubana del sur de Florida. Durante años, organizaciones del exilio y familiares de las víctimas han impulsado iniciativas para mantener el episodio en la agenda pública y exigir responsabilidades por lo ocurrido.
Tres décadas después del suceso, la decisión de la fiscalía de Florida abre una nueva etapa en un caso que durante años ha permanecido sin responsables procesados en Estados Unidos. Para los familiares de las víctimas y amplios sectores del exilio cubano, la reapertura de la causa representa una oportunidad de avanzar hacia el esclarecimiento definitivo de uno de los episodios más controvertidos en la relación entre Washington y el régimen de La Habana.
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