El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registró durante 2025 un total de 873 incidentes que considera violaciones a la libertad religiosa en Cuba, según el documento que presentó esta organización independiente. El reporte describe un incremento de medidas coercitivas dirigidas a grupos de fe, líderes espirituales y comunidades religiosas no alineadas con el Estado.
Según el análisis del OCDH, estas acciones represivas se concentraron especialmente entre marzo y junio, coincidiendo con momentos de mayor tensión social en la isla. Las comunidades más afectadas fueron aquellas que adoptaron posturas críticas sobre la situación interna o que desarrollaron iniciativas sociales fuera de los mecanismos controlados por el régimen.
La ONG afirma que la estrategia del gobierno cubano no se limita a la mera prohibición de cultos o prácticas espirituales, sino que también incluye citaciones por parte de la policía, interrogatorios, hostigamiento y expulsión de religiosos extranjeros. Además, se documentaron restricciones de movimiento dentro del país y la negación de atención religiosa a personas privadas de libertad, acompañadas de la confiscación de objetos de devoción como biblias y rosarios.
El informe pone varios ejemplos concretos, incluido el caso de un sacerdote mexicano que las autoridades obligaron a abandonar el país tras tocar las campanas de su iglesia en señal de apoyo a residentes afectados por apagones, un gesto interpretado por el Estado como intervención política.
Para el OCDH, estas prácticas reflejan una brecha significativa entre la retórica oficial cubana —que alega respetar la diversidad religiosa— y la realidad de restricciones sistemáticas sobre la expresión pública de la fe. La organización sostiene que, aunque el culto privado pueda tolerarse en ámbitos restringidos, cualquier manifestación religiosa con impacto social o crítico hacia el poder político enfrenta represalias.
El Observatorio concluye que la libertad religiosa en Cuba continúa subordinada a los objetivos del Partido Comunista y a la Seguridad del Estado, en contravención de los estándares internacionales sobre derechos humanos y libertades fundamentales.
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