El más reciente informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) revela un panorama alarmante sobre la seguridad pública en la isla. Entre enero y junio de 2025 se verificaron 1,319 delitos, cifra que quintuplica los registros de 2023 y supera todo el acumulado de 2024. El promedio de 7,3 crímenes diarios confirma una escalada inédita en la criminalidad cubana.
Los delitos contra la propiedad lideran las estadísticas, con 721 casos que incluyen 193 vinculados al hurto y sacrificio de ganado. La conexión entre la crisis alimentaria y el auge del robo resulta evidente. A ello se suman 63 asesinatos —16 de ellos feminicidios—, 99 asaltos y agresiones y 198 reportes relacionados con el narcotráfico, un fenómeno que aparece por primera vez como categoría independiente en los informes del OCAC. La Habana concentra la mayor incidencia de este último delito, lo que revela la consolidación de redes urbanas de tráfico y consumo.
La proliferación de armas de fuego, documentada en al menos 35 casos, y el colapso económico que empuja al delito de supervivencia son factores de riesgo que agravan el cuadro. La diversificación criminal se extiende además a vandalismo, contrabando y portación ilegal de armas, con un impacto transversal que afecta a hombres, mujeres, menores y ancianos.
El reporte subraya la desconexión entre el discurso oficial y la realidad. Mientras el primer ministro Manuel Marrero insiste en una supuesta tendencia a la baja, los datos verificables exponen un repunte inédito. El OCAC atribuye esta contradicción al enfoque del Ministerio del Interior (MININT), que prioriza la represión política por encima de la seguridad ciudadana. En lugar de combatir el delito común, los recursos se concentran en vigilar a la oposición y sofocar manifestaciones públicas, dejando a la población expuesta tanto al crimen organizado como al aparato represivo.
El informe concluye que el deterioro de la seguridad pública no responde únicamente a factores sociales y económicos, sino también a una estrategia estatal deliberada que convierte al MININT en brazo de control político antes que garante del orden. En un contexto de crisis, la ciudadanía cubana enfrenta un doble riesgo: el avance del crimen y la violencia del propio Estado.
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