La muerte de otro de los sobrevivientes del incidente marítimo ocurrido el 25 de febrero frente a las costas de Villa Clara vuelve a poner bajo escrutinio la versión ofrecida por el régimen y la opacidad que ha rodeado todo el caso desde el primer momento.
El fallecido fue identificado como Roberto Álvarez, uno de los seis ocupantes de la embarcación procedente de Florida que habían sobrevivido al tiroteo con fuerzas de las Tropas Guardafronteras. Álvarez permanecía hospitalizado desde el día del suceso tras resultar herido durante el enfrentamiento.
Según información transmitida a familiares en Cuba y divulgada por el periodista Daniel Benítez, el hombre fue trasladado desde una unidad de cuidados intensivos en Villa Clara hacia un hospital en La Habana. Durante ese proceso habría sufrido una hemorragia y posteriormente un infarto que terminó provocando su muerte. La esposa del fallecido, residente en Estados Unidos, decidió no hacer declaraciones públicas mientras atraviesa el duelo.
La prensa oficial del régimen confirmó su muerte de forma escueta, limitándose a señalar que Álvarez murió el 4 de marzo “como consecuencia de las heridas recibidas”. Familiares denunciaron además que la notificación oficial llegó con retraso, lo que vuelve a alimentar las críticas sobre el manejo hermético del caso.
Con esta muerte ya suman cinco las víctimas vinculadas al incidente. Anteriormente habían fallecido Pavel Alling Peña, Michel Ortega Casanova, Ledian Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa, todos tripulantes de la embarcación interceptada por fuerzas cubanas cerca de Cayo Falcones.
Durante el programa oficialista Razones de Cuba, el jefe de Estado Mayor de las Tropas Guardafronteras, primer coronel Ybey Carballo Pérez, defendió la actuación de los militares y afirmó que la embarcación había sido detectada dentro de aguas territoriales cubanas a las 7:10 de la mañana.
Según su explicación, una lancha guardafrontera recibió la orden de acercarse para identificar al “objetivo naval”. Carballo aseguró que cuando la unidad cubana se aproximaba, la tripulación de la embarcación abrió fuego, lo que habría dejado herido al capitán Yosmany Hernández Hernández, comandante de la patrullera.
El oficial sostuvo que la respuesta de los guardafronteras fue “correcta y enérgica”, ajustada a los procedimientos operativos. De acuerdo con su versión, tras neutralizar la embarcación los heridos fueron evacuados y trasladados a centros hospitalarios.
Por su parte el coronel Víctor Álvarez Valle declaró que durante la inspección se ocuparon fusiles de distintos calibres, rifles tipo AR-15, una escopeta, once pistolas, cuchillos, uniformes de camuflaje, chalecos antibalas y diversos equipos tácticos. Según el Ministerio del Interior, además se incautaron 134 cargadores y más de 12 mil municiones, así como un dron, dispositivos de comunicación y otros equipos.
Sin embargo, varios elementos de ese relato continúan levantando serias interrogantes. Uno de los puntos más discutidos es la propia embarcación señalada por el régimen. Registros públicos asociados a la matrícula de Florida mencionada en el caso la vinculan con un bote de pesca de alrededor de 24 pies de eslora, un tipo de nave relativamente pequeña.
Especialistas han cuestionado que un barco de ese tamaño pudiera transportar simultáneamente a diez personas junto con el volumen de armas y equipos descrito por las autoridades cubanas.
A eso se suma la falta de pruebas independientes. Hasta ahora el régimen no ha permitido acceso a peritajes externos, ni ha presentado evidencia verificable que respalde la magnitud del supuesto arsenal mostrado en la televisión estatal. Tampoco ha ofrecido detalles claros sobre las circunstancias exactas del enfrentamiento ni sobre la situación jurídica de los sobrevivientes.
Mientras tanto, en Estados Unidos distintas agencias federales han iniciado sus propias indagaciones para determinar qué ocurrió realmente en aguas del norte de Cuba. La ausencia de información verificable y las constantes contradicciones en la narrativa oficial han alimentado la desconfianza y las demandas de transparencia.
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