La reciente confiscación de un avión venezolano en República Dominicana, ordenada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, envía una señal contundente al régimen de Nicolás Maduro: la impunidad no es una opción.
La incautación de la aeronave, propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), responde a una política más amplia de asfixia financiera y presión diplomática contra el chavismo, que sigue utilizando bienes estatales para esquivar sanciones internacionales y financiar su red de corrupción.
El avión en cuestión había sido rastreado en múltiples viajes a Grecia, Turquía, Rusia, Nicaragua y Cuba, destinos clave en la red de alianzas del régimen chavista. Su uso estaba vinculado a operaciones diplomáticas de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros altos funcionarios del régimen. Sin embargo, para Washington, estas misiones no eran más que maniobras para evadir sanciones y facilitar actividades ilícitas, incluyendo el lavado de dinero y la triangulación de fondos.
Según Rubio, la incautación de esta aeronave es parte de un compromiso inquebrantable con la aplicación de sanciones y el debilitamiento de los recursos del chavismo. En su cuenta de X, el secretario de Estado afirmó:
“La incautación de esta aeronave venezolana, utilizada para evadir sanciones y facilitar operaciones ilegales, es un poderoso ejemplo de nuestra determinación de exigir cuentas al régimen ilegítimo de Maduro”.
El mensaje es claro: Estados Unidos no permitirá que el chavismo continúe operando con impunidad.
Esta medida se suma a un patrón de confiscaciones que EE.UU. ha llevado a cabo en los últimos años contra bienes del régimen venezolano. En septiembre de 2023, Washington incautó otro avión, el Falcon T7-ESPRT, adquirido a través de una empresa fantasma para ser utilizado por la cúpula chavista. Además, en 2023, un Boeing 747-300M de Emtrasur Cargo fue confiscado tras un largo conflicto diplomático con Argentina, donde había sido retenido por presuntos vínculos con financiamiento del terrorismo.
La estrategia de Rubio no solo se limita a sanciones económicas y confiscaciones, sino que busca cerrar los espacios de movilidad y financiamiento del chavismo. Con la incautación de estos activos, Maduro y su círculo cercano enfrentan cada vez más restricciones para operar en el ámbito internacional.
Más allá del impacto inmediato sobre el régimen venezolano, esta acción también envía un mensaje a la comunidad internacional: cualquier país, empresa o entidad que colabore con Maduro en la evasión de sanciones podría enfrentar represalias similares. La administración estadounidense ha sido clara en que no tolerará el financiamiento ilícito de dictaduras y grupos criminales en la región.
La confiscación del avión es, por tanto, una advertencia a quienes aún sostienen relaciones con el chavismo. Países como Rusia, Irán y Turquía, que han servido de apoyo financiero y logístico al régimen, ahora saben que cualquier vínculo con Caracas puede traducirse en sanciones o pérdidas económicas significativas.
Con esta política de cerco financiero y sanciones, el régimen de Maduro enfrenta un panorama cada vez más complejo. Aunque ha intentado sortear las restricciones a través de nuevos aliados y estrategias económicas paralelas, cada movimiento es observado y controlado por Washington.
Rubio ha demostrado que la lucha contra la dictadura chavista no es solo una cuestión retórica, sino una prioridad dentro de la política exterior de Estados Unidos. El chavismo puede resistir, pero cada día se queda con menos opciones para sobrevivir.
El mensaje de Marco Rubio es claro: el tiempo de la impunidad ha terminado.
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